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Editorial
La defensa de áreas protegidas
Lunes,  10  de Diciembre, 2018
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El avasallamiento y dotación de tierras a sindicatos agrarios en territorios indígenas y áreas protegidas por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ha hecho saltar las alarmas. A las protestas suscitadas en su momento, tanto por representantes de esos territorios como por pobladores de comunidades vecinas y el apoyo de activistas de la protección y defensa de la Madre Tierra, ha seguido un curso de resistencia organizada que pretende frenar cada uno de los proyectos extractivistas en esas áreas. En ese contexto, se ha planteado detener las grandes obras previstas en todo el territorio de las reservas naturales y áreas protegidas, en vista que no se cumplen como debe las normativas pertinentes sobre el asunto. Por tanto, queda recurrir a la defensa a ultranza.
 
La coyuntura histórica ha señalado a la realización del Primer Congreso Nacional de Integración, Defensa de Territorios y Áreas Protegidas que ha tenido lugar la semana pasada en Tariquía, como el punto de partida de la resistencia a la vulneración y avasallamiento de tierras en áreas protegidas y territorios indígenas. De esta instancia ha surgido una Coordinadora Nacional que buscará viabilizar el desconocimiento de los decretos supremos que encaminan proyectos extractivistas, al mismo tiempo que ha elevado a las autoridades pertinentes la solicitud de dejar sin efecto las dotaciones de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria, entidad que ha quedado en entredicho.
 
Resulta un contrasentido que la institución que debe apuntalar junto con otras la línea ambiental de preservación, conservación, protección y defensa de los territorios considerados bajo el amparo de la ley con respecto a la Madre Tierra, sea la que vulnere las normativas en favor de supuestos conmilitones políticos bajo la sombra de sindicatos campesinos adeptos al oficialismo. De esta manera, resulta una solicitud sensata que se deje sin efecto los asentamientos ilegales que se han verificado en las treinta y cinco áreas protegidas del departamento de Santa Cruz, para comenzar. Esto significa, también, que la construcción de los grandes proyectos de construcción de las hidroeléctricas de Rositas y El Bala, tendrá que frenarse por su grave impacto ambiental
 
El Gobierno no podrá ignorar estas voces de descontento, especialmente si los fines de la Coordinadora de marras se enfocan a la articulación de la lucha para la resistencia en contra de proyectos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas e ingresan en áreas protegidas. De hecho, en la última década se han identificado más de veinte proyectos impulsados por el Gobierno, que sumados a los asentamientos humanos en la Chiquitania, han puesto en riesgo pisos ecológicos, fauna y flora silvestre y la calidad de vida de pueblos indígenas y campesinos. Asimismo, resulta evidente la vulnerabilidad de los territorios indígenas y Parques Nacionales ante esta cruda realidad.
 
Conviene señalar que pese a las normativas de la Constitución y otras, el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas capaces de afectarles, sigue siendo ignorado.  De esta manera, el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas resulta una consecuencia lógica que bien pudo evitarse respetando convenios y normas. No extrañará que de aquí en adelante se reabran frentes de conflicto que habían quedado casi olvidados bajo coberturas legales.

De esta manera, el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas resulta una consecuencia lógica que bien pudo evitarse respetando convenios y normas.

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