Los abogados Néstor Higa y Yovani Cabello, que defienden a la mamá de la niña embarazada, denunciaron que la progenitora fue prácticamente secuestrada y perseguida por las autoridades para alejarla de su propia hija y someter a la menor de edad a un parto prematuro.
La familia espera un informe oficial de las autoridades jurídicas y médicas para conocer el estado de salud de la niña y del neonato, que hasta el momento se desconoce. Los funcionaros que conocen del tema optaron por guardar silencio.
“Qué necesidad tenían las autoridades del Estado de apurar el parto, ellos serán responsables si pasa algo peor con esa criatura”, dijo el abogado Néstor Higa a El Deber.
La niña de 11 años resultó embarazada tras haber sido violada por su abuelastro en Yapacaní. El Investigado guarda detención preventiva en una cárcel del país.
Los abogados calificaron el proceder de las autoridades de Gobierno, de forzar el parto, como una persecución y vulneración de derechos donde “la voluntad de la madre y de la familia está siendo vulnerada por el mismo Estado”.
El martes pasado, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió conceder en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo y dispuso la valoración integral mediante un comité de especialistas y el traslado de la niña gestante a un lugar donde no esté expuesta a influencias.
Bajo esta resolución, la niña fue sacada del hogar de acogida y sometida supuestamente a una valoración que no se hizo público, sobre su estado de salud. Este sábado se supo que fue llevada a un hospital local de Santa Cruz, donde fue sometida a una cirugía.
La defensa de la madre denunció que en este proceso la mamá fue obligada y separada de la niña, hecho que es considerado como una “persecución feroz” por los abogados.
Los abogados interpondrán un recurso de acción de libertad por considerar que se trata de una persecución contra la mamá y la niña.
