El caso del ciudadano brasileño Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, líder del Primer Comando Capital (PCC), continúa generando repercusiones en el ámbito judicial boliviano. Mientras la Fiscalía anunció que citará a todas las personas que colaboraron con su permanencia en el país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuestiona la legalidad de su expulsión y asegura desconocer quién ordenó su salida del territorio nacional.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que todas las personas que, directa o indirectamente, hubieran contribuido con documentación, vivienda u otro tipo de apoyo a “Tuta” serán convocadas a declarar. Entre los posibles citados no se descarta al exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, cuyo nombre figura en informes policiales vinculados a uno de los tres procesos abiertos.
“El fiscal está en toda la tuición de convocar a quien vea y considere necesario. Si dentro de un informe aparece el nombre de esta persona y existe algún indicio para tomar su declaración, se hará”, manifestó Mariaca.
El jefe del Ministerio Público señaló que el proceso se desarrollará con base en el cuaderno de investigaciones, y que no se vulnerará la dignidad de ninguna persona por ser convocada a declarar. La finalidad, sostuvo, es esclarecer quiénes facilitaron la documentación falsa, la estadía y el acceso a inmuebles del ciudadano brasileño mientras permanecía en el país.
En paralelo, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, expresó preocupación por la forma en que se ejecutó la expulsión del líder criminal, señalando que dicha acción interrumpió la investigación judicial y no siguió el procedimiento legal de extradición, el cual debe ser autorizado por esta instancia a través de sus salas plenas.
“El Ministerio Público no ha podido indagar cómo este ciudadano obtuvo nacionalidad boliviana ni profundizar la investigación. Ya había un control jurisdiccional y nos han truncado el proceso”, aseveró Saucedo.
La autoridad judicial también criticó que no se respetaran las competencias del TSJ en materia de extradición y expresó que embajadas han presentado reclamos por el manejo desigual de procesos similares. Asimismo, demandó al Ministerio Público iniciar acciones legales contra quienes ejecutaron la expulsión sin autorización judicial.
“Ningún juez autorizó la expulsión. Procedieron directamente a través de la Policía o del Ministerio de Gobierno. No lo sabemos. Lo desconocemos”, declaró Saucedo.
“¿Qué querían ocultar?”, cuestionó al referirse a la falta de transparencia en el operativo que derivó en la salida del país de “Tuta”.
El caso permanece abierto y la Fiscalía asegura que actuará con toda la diligencia para identificar a los responsables de haber coadyuvado a la estadía y posterior salida del país de uno de los líderes más buscados del crimen organizado internacional.
