Candidatos a la Asamblea Legislativa debatieron sobre el futuro ambiental del país, cuestionando el modelo extractivista y proponiendo alternativas sostenibles rumbo a 2025.
La disputa entre ambos políticos comenzó luego de que Doria Medina presentará su plan “Se acabó la fiesta” con el objetivo de recortar el gasto público si fuera elegido como presidente este 17 de agosto.
Ante comunarios en Pelechuco, Arce acusó a la derecha de pretender suprimir los programas de obras para el área rural, como los de tinglados y puentes.
De los cuatro candidatos presidenciales esperados, solo asistió Samuel Doria Medina (Unidad). Alianza Popular y APB-Súmate fueron representados por sus postulantes a la vicepresidencia, Mariana Prado y Juan Carlos Medrano, respectivamente. Por Libre asistió el candidato a primer senador por Santa Cruz, Branko Marinkovic.
Al evento fueron invitados los cuatro candidatos a la presidencia mejor ubicados en las encuestas, pero solo asistió Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad.
Mariana Prado mencionó el proyecto del hub en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y señaló que la crisis de 2019 frenó la inversión de una empresa extranjera para su construcción.
La decisión se tomó luego de recibir la comunicación del TSE que ratificó la inhabilitación de la candidatura de Dunn, debido al incumplimiento del requisito de solvencia fiscal, es decir no tener causas o deudas pendientes con entidades públicas.
El TSE reiteró que el recurso de revisión no puede utilizarse para subsanar requisitos vencidos, y explicó que Dunn tenía 18 pliegos de cargo pendientes, lo que motivó su exclusión definitiva de la contienda presidencial.
“El voto no se toca”, enfatizó Stello Cochamanidis al presentar una campaña que busca garantizar la transparencia en los comicios mediante la vigilancia activa en las mesas electorales y el registro de actas.
El Tribunal Supremo Electoral cerró definitivamente la posibilidad de que Jaime Dunn participe en los comicios del 17 de agosto, al confirmar su inhabilitación por razones administrativas vinculadas a su gestión edil en El Alto hace más de dos décadas.
El candidato presidencial propone reemplazar la actual subvención a carburantes por un sistema gradual con compensaciones, además de un fondo en dólares para estabilizar la economía y atacar la especulación.
“Desde esta cárcel donde soy un preso político del MAS, denuncio que Evo Morales y algunos dirigentes de la CSUTCB, han iniciado un golpe de Estado para evitar las elecciones generales de agosto de 2025”, publicó en sus redes sociales.
“Las primeras 100 horas del gobierno vamos a emitir un decreto llevando a la práctica todas estas reducciones, para que puedan haber recursos para los gastos sociales y no recursos para la fiesta de los políticos”, dijo Doria Medina.
La semana pasada, Morales envió una carta al TSE para pedir que se respete la decisión de las bases de la organización Evo Pueblo, que definieron postularlo como candidato a presidente.
La semana pasada, la Sala Plena del TSE determinó inhabilitar a Dunn tras considerar que la Contraloría no emitió un certificado de solvencia fiscal para el solicitante, puesto que aún figuraba con procesos en curso.
“No nos convocan a los debates (...), repiten los mismos de siempre: Tuto, Samuel, Manfred, parece que fuera una línea de los poderes establecidos en Bolivia, pero invitan a otros candidatos que están por debajo ”, reclamó Paz.
Ambos señalaron que la emisión monetaria desde el BCB para cubrir el déficit fiscal —que supera el 80% del total, según sus estimaciones— está generando presión inflacionaria y deteriorando el poder adquisitivo de la población.
“Si hablamos de levantar la subvención se debe dar de manera gradual y esto demandará entre tres o cuatro años”, expuso el candidato a la Presidencia del Estado boliviano
Según el comunicado, los ataques “consisten en acusaciones infundadas, campañas de desinformación mediática y amenazas veladas contra la integridad de los vocales del TSE”.
El candidato del MAS-IPSP anuncia reestructuración institucional y traslado de unidades de transparencia a órganos externos para fortalecer la fiscalización.