La disputa que mantiene por un lado una familia que alega propiedad y por el otro la alcaldía de Santa Cruz y los comerciantes abarca un área de 46.000 metros cuadrados (m2), que es el equivalente a unas cinco canchas de fútbol. El abogado de la familia Crapuzzi, W"aminqa Serrano, enfatiza que cuentan con documentos desde abril del 1969 que acreditan la propiedad.
El jurista explica que apareció un supuesto pago que hace referencia a la Ordenanza Municipal 285 la misma que quedó sin efecto y fue reemplazada por la Ordenanza Municipal 2686.
“No sabían que esta ordenanza municipal ya no estaba vigente. Además, nos responden que los planos que presentamos serán analizados con los planos de la ciudad y ellos afirman que no existen esos planos. Si no existieran los planos a nombre de la familia Crapuzzi, no hubiesen contestado de esa manera”, aseveró.
Este martes por la mañana los comerciantes realizaron la toma simbólica del concejo para exigir a la alcaldía que pelee por los terreno. El numeroso grupo se retiró antes del medio día tras el compromiso de concejales de abordar el tema en la sesión del órgano deliberante este jueves. Allí se pretende revisar la decisión tomada anteriormente de anular la Ley 417, que reconocía la propiedad municipal de los predios en litigio.
El abogado Serrano indicó que tanto la alcaldía cruceña como los comerciantes no pelean por el beneficio de sus asociados o del bienestar de la población sino por un gran negociado, ya que el alquiler cuesta 400 dólares dentro del mercado y $us 500 afuera del mercado. Precisó que son 5 mil puestos que hay instalados en la zona en litigio, según datos confirmados por los propios dirigentes.
En tanto, los comerciantes advirtieron que el jueves acompañarán la sesión y si se toma una decisión contraria a lo que piden, ratificarán sus medidas de presión.
”Estamos firmes en la lucha. Después de 30 años apareció un supuesto dueño, queriendo asaltar a un mercado”, sostuvo uno de los comerciantes.
El fin de semana se conoció que una respuesta a una petición de Informe Escrito (PIE) emanada desde la Alcaldía en 2022 señalaba que no existían datos sobre la propiedad de los terrenos a nombre del municipio, lo que fue usado como principal argumento por la familia que le disputa el derecho propietario, y que fue beneficiada por un fallo judicial.
El concejal Maykol Negrete (UCS) dijo que desde el 8 de noviembre del 2023 la justicia reconoce estos predios como privados. Su colega Lola Terrazas de Comunidad Autonómica (C-A) aduce que se debe luchar para que se confirme la propiedad municipal. Según sus cálculos hay en juego unos $us 150 millones que sería el valor de los terrenos, aunque la cifra parece desorbitada porque el costo por metro cuadrado sería de $us 3.260.
