Comunarios del cantón Chiquiacá (provincia O’Connor de Tarija) fueron notificados por la Fiscalía con una demanda por “atentados contra la libertad de trabajo” e “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”, presentado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La denuncia es contra 20 comunarios que se oponen al ingreso de la petrolera a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
“YPFB nos está demandando a nosotros, no sabemos qué hacer. Ellos no obedecen lo que las comunidades acordamos. No somos 20 comunarios que estamos obstruyendo, somos todo el cantón en sí. Nos han dicho que con permiso o sin permiso van a entrar, ese es el discurso que tienen”, informó Nelly Coca, dirigente del cantón Chiquiacá, al Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas.
Informó, además, que la notificación entregada este martes no fue entregada a los 20 comunarios, más al contrario, los notificadores hicieron llegar el documento a algunos pobladores que “encontraron en el camino, incluso hasta los nombres no son nuestros, les ponen otros nombres y otros apellidos”.
Según el requerimiento fiscal al que accedió el Observatorio de Unitas, el denunciante es Marcos Carlos Navarro Morales, representante legal de YPFB, quien denunció a los 20 comunarios luego de que el 1 y el 2 de octubre de 2024, ellos impidieron que trabajadores de YPFB y Petrobras ingresen al cantón de Chiquiacá, con dirección al proyecto exploratorio Domo Oso X3.
“Pese a que se les explicó que se contaba con las autorizaciones respectivas para realizar los trabajos, dicho grupo de personas no entendieron razón alguna y no dejaron pasar al personal, hecho que fue constatado por parte de la Policía Boliviana de Entre Ríos que se encontraba en el lugar, por lo que con el fin de no sufrir ningún tipo de agresiones por parte de dicho grupo de personas, el personal de YPFB y de Petrobras Bolivia SA procedió a retirarse perjudicándose enormemente la logística y actividades diarias que realiza YPFB, por lo tanto dichas personas inescrupulosas con los mencionados bloqueos están causando un daño económico a YPFB y por ende al Estado”, se lee en la denuncia presentada por Navarro.
El requerimiento fiscal establece la realización de la audiencia dentro de las próximas 24 horas luego de hecha la notificación, y establece que “en caso de inconcurrencia a audiencia señalada se librará mandamiento de aprehensión”.
Desde hace varios meses, los comunarios de Chiquiacá se encuentran movilizados y en vigilia permanente para evitar el ingreso de las petroleras.
De acuerdo con Coca, el 80% de las comunidades del cantón Chiquiacá están en contra del ingreso de YPFB y Petrobras a la reserva natural. Incluso, cuentan con una resolución cantonal que rechaza la exploración petrolera en el lugar. Denunció que a través de la prebenda, engaños y promesas se pretende “comprar conciencias” de las comunidades del cantón.
“Nos han mareado la perdiz, todas las comunidades estábamos de acuerdo en defender la reserva, contamos con un voto resolutivo y definitivamente se dijo que no vamos a permitir la entrada. Ellos nos han dado largas, también reuniones, han pedido que cada comunidad saque su voto resolutivo para saber cuántas quieren o no. Hay algunas comunidades en las que han comprado conciencias”, denunció Coca.
Denuncian acoso y represalias por parte de YPFB y Petrobras
Recientemente, a través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) denunció una serie de actos de acoso, intimidación, chantajes y prebendas ejercidos por Petrobras y YPFB en contra de las comunidades de Tariquía.
“Denunciamos que entre los meses de junio, julio y agosto del presente año, Petrobras y YPFB, junto a grupos y sectores afines al partido gobernante, comenzaron una campaña de acoso, intimidación, chantajes, prebendas y promesas inverosímiles para que las comunidades den su aceptación (para la exploración petrolera); pero lo que más bien han provocado son graves divisiones y fracturas internas en las comunidades, con peleas incluso al interior de las familias”, se lee en el comunicado de Contiocap.
Derechos de los defensores del medio ambiente
La Alianza de Defensores/as de Derechos Humanos de Tarija calificó la acción como una “respuesta represiva” y que desestima el papel de las y los defensores ambientales en la protección de la naturaleza.
“Defender el medio ambiente y los derechos de las comunidades reconocidos por la CPE no es un delito ni implica dolo. La resolución de este conflicto debe basarse en el respeto a los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la concertación, no en la criminalización de quienes defienden el medio ambiente”, cuestionó la alianza, que exige al Estado archivar de inmediato el proceso penal.
Análisis
Para el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de Unitas, el papel que juegan las personas y organizaciones defensoras es primordial para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos.
Añade que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, evitar su criminalización y garantizar que puedan trabajar sin represalias. Esto incluye asegurarse de que las leyes no se usen para silenciar su labor legítima y de que cualquier ataque o acoso sea investigado y sancionado.
Asimismo, el Estado debe promover un entorno seguro donde los defensores puedan expresarse y asociarse libremente.
El programa recuerda que las obligaciones estatales frente a la criminalización de defensores de derechos humanos están ancladas en su deber de garantizar la protección de quienes defienden y promueven los derechos fundamentales. Esto incluye evitar cualquier forma de persecución, represalia o criminalización que busque silenciar sus actividades legítimas.
El Estado debe asegurar que sus leyes y políticas no se utilicen para deslegitimar el trabajo de los defensores, garantizando su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Además, tiene la responsabilidad de investigar y sancionar cualquier acto de acoso o violencia contra ellos, y debe crear un entorno propicio para que puedan ejercer su labor sin miedo a represalias.
