Especies madereras preciosas y semipreciosas del bosque seco chiquitano son reducidas a simplemente carbón para su comercio. Estas, cortadas en troncos, ingresan en hornos, construidos por comunidades interculturales asentadas en distintos lugares de San Rafael de Velasco, municipio del departamento de Santa Cruz.
“Están quemando nuestros bosques para hacer churrasco. Exportan carbón de los bosques, donde la madera es preciosa o semipreciosa”, reniega el alcalde de San Rafael de Velasco, Humberto Jorge Vargas.
Explica que en este territorio se construyeron más de 500 hornos, la mayoría operando sin autorización, en la clandestinidad. Según la autoridad, esta acción, a la que denomina “la piratería del carbón”, se constituye en una de las principales actividades en los asentamientos campesinos para generar dinero. Pero esas ganancias van a bolsillos particulares, no dan ningún tipo de beneficio al municipio y dañan el medioambiente.
“Obviamente (no entran ingresos), y peor si es de forma ilegal. El contrabando no deja divisas para el país, y la piratería del carbón y recursos forestales tampoco beneficia a los gobiernos nacionales”, explica Vargas.
San Rafael de Velasco está ubicado a 544 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a algo más de siete horas de viaje en vehículo. Fue una de las poblaciones más importantes durante la época colonial y el segundo pueblo fundado por la Compañía de Jesús en Bolivia.
Está conformada por 22 comunidades. En los últimos años, parte de este territorio fue ocupado por múltiples asentamientos campesinos, cuyas principales actividades económicas están relacionadas justamente a la comercialización de carbón.
Esta actividad, según la Alcaldía de San Rafael de Velasco y caciques indígenas, se ejecuta a costa de la destrucción del bosque seco chiquitano, el más extenso de América del Sur. Este sitio es “el hogar de valiosas especies madereras como el cedro, el roble, el ipe y el morado”. Esta cualidad se ha convertido hoy en una de sus principales amenazas.
“Tenemos el morado, precioso por excelencia; tenemos el tajibo, el roble, el cedro, el curupaú, el soto, el sirari y el cuchi; todas son maderas preciosas y semipreciosas, aprovechables”, explica Vargas.
En San Rafael de Velasco, Visión 360 hizo un recorrido por comunidades indígenas y campesinas como la de Santa Teresita del Surutú y Pradera del Surutú. Evidenció el grave daño ocasionado por varios meses de inclemente fuego, también por la actividad silenciosa y sin control de “los piratas del carbón”.
El rojo suelo chiquitano se torna en blanco y negro, por la erosión generada por las quemas, y las cenizas remanentes de la vegetación y árboles permanecen desperdigadas a lo largo del trayecto.
Además de ser la muestra de los devastadores incendios, en el lugar, las cenizas son una clara evidencia de la destrucción de árboles como el roble, el cedro, el curupaú, y principalmente el morado, entre otros.
En la Pradera del Surutú, don Julio Egüez Aguilera, gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, explica que algunas especies de árboles utilizados para la explotación de carbón, como el morado, se encuentran ya en peligro de extinción. Asegura que podrán significar un recurso económico, de otra forma.
“Las especies en peligro de extinción son el morado; lamentablemente la vez pasada descubrimos en la comunidad que le mencioné, preparando (esta especie como) material para hacer carbón, cuando esa madera se puede producir por nuestros artesanos, se puede convertir en recursos económicos de otra forma”, dice Egüez.
Alejandro Vaca Díez, cacique de la comunidad de Santa Teresita del Surutú, recuerda que hace tan solo 10 años el bosque chiquitano “era íntegro todavía”, y que actualmente toda la madera que extraen es para la producción de carbón.
“El bosque estaba íntegro todavía. Otra cosa es ir al otro lado, al monte, ya no hay, lo sacan todo para carbón. Y hay comunidades que solo a eso se dedican. Talan todo, el ‘curupaú’, el quebracho, todo lo que es madera, igual; a ellos no les interesa el tipo de madera, lo que les importa es que se haga para carbón”, lamenta Vaca Díez.
En medio de esos recuerdos, el cacique, molesto, asegura tajantemente que quienes inician los incendios y lucran con la venta de carbón “son interculturales, comunidades campesinas que son afines al Gobierno”. “Ellos para desmontar no necesitan permiso”, denuncia.
San Rafael de Velasco y sus comunidades se dedican principalmente a la ganadería, según cuentan las autoridades locales. Sin embargo, a causa de los últimos incendios forestales, el pueblo sufrió numerosas pérdidas y daños.
Además, cada día, los pobladores de este municipio observan con impotencia la salida de camiones repletos de carbón. Al parecer este material se comercializa en la capital oriental.
Los hornos y “los piratas”
Construidos de forma artesanal, con ladrillos y algunos palos de madera, y con una forma de cúpula. Así fueron levantados los hornos en los cuales se quema la madera preciosa y semipreciosa para ser comercializada como carbón.
Al interior de los hornos hay una especie de “canaletas” en el suelo y un hueco al centro, mediante los cuales se enciende el fuego desde el exterior de dichos domos de ladrillo.
“Así como este horno, hay una serie de hornos en todo el monte, en diferentes comunidades. La forma de producir carbón es tumbando el monte, poner los trozos de madera, prenderlos y hacer carbón”, explica el alcalde de San Rafael de Velasco. “Es bastante bosque que se tiene que talar para hacer carbón”, agrega.
De acuerdo con el burgomaestre, los árboles se cortan en varios pedazos y posteriormente se insertan en los hornos para quemarlos y convertirlos en carbón, para su posterior comercialización.
“Es una forma de generar economía de la más burda, porque se le prende fuego al monte, para hacer carbón cuando sabemos que las diferentes maderas que tenemos en la Chiquitania son maderas preciosas o semipreciosas que se pueden utilizar de otra forma y sacarle un valor agregado en productos como en muebles o madera de construcción”, expresa, con enojo, el Alcalde.
Reitera que aproximadamente hay 500 hornos en el municipio. “Están en todos lados. Calculo que debe ser una hectárea (de árboles) por cada horno, creo que depende del tamaño, hay de varios tamaños”, dice.
Una ley “laxa” y débil
La normativa existe, pero no hay quién la haga cumplir, denuncia Vargas. “Yo creo que la norma es muy laxa, muy débil. En realidad hay normas para todo en el país, pero no hay quién las cumpla, porque no hay nadie que las haga cumplir”, asegura.
Según el cacique Vaca Díez, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) es la encargada de la supervisión y control de estas actividades. Pero, dice el líder indígena, la entidad pública “se hace de la vista gorda” con las comunidades afines al Gobierno, mientras que a los pueblos indígenas les exigen una serie de requisitos para incursionar en estas actividades económicas.
“Entonces el carbón que sale de acá, una parte es legal y la otra ilegal, y de eso ¿quién tiene la culpa? Es el Estado, la ABT. Para las comunidades campesinas no hay restricción (para las quemas), pero si va alguien de una comunidad indígena a solicitar (el permiso), le piden varios requisitos y no dan (…). Controlan, pero la ABT se hace la vista gorda, porque todos son afines a eso. Si tú no haces el trabajo o estás en contra, mañana estás despedido. Esa es la realidad en nuestro país”, dice.
Para el cacique Julio Egüez, se debe concientizar a las comunidades campesinas recientemente asentadas para que cuiden y conserven los bosques secos chiquitanos, ya que estos existen desde hace más de tres siglos en la región.
Explica que las principales consecuencias de los incendios y la producción de carbón sin control son las grandes pérdidas de la flora y la fauna. Ante esta situación y la inacción de las autoridades, plantea la creación de espacios para generar conciencia. “Hay que incentivar a las comunidades de reciente creación para que aprendan a conservar los bosques que siempre estuvieron aquí, incluso antes de la República de Bolivia”, asegura con optimismo, pero no puede esconder su indignación al ver las cenizas de árboles en el bosque de sus ancestros, de sus abuelos.
Tras 4 meses de trabajo y pérdidas, San Rafael está “libre de fuego”
Luego de casi cuatro meses de incendios y 20 días de trabajo, asesoramiento, cooperación internacional y lluvias que cayeron por varios días, el municipio de San Rafael está “libre de fuego”, informó el alcalde de dicha región, Humberto Jorge Vargas.
“Apagamos el fuego, no tenemos ni un solo incendio ni focos de calor (…). Ahora podemos decir con certeza que San Rafael está libre de fuego. Hemos hecho un trabajo de casi 20 días con la tutela de dos bomberos expertos en fuego que vinieron desde España para darnos las directrices de cómo se debe trabajar”, dijo.
La cooperación internacional, bomberos voluntarios y las lluvias que cayeron por algunos días coadyuvaron a la mitigación y posterior apagado de incendios en la región, que se dedica principalmente a la ganadería.
“Hemos hecho un trabajo muy fuerte, largo, de 20 días 24/7 con ayuda de los bomberos de España y hemos planificado el anclaje de las brechas a las cicatrices y hemos abierto otras brechas para poder liquidar el fuego y hemos logrado con esfuerzo propio, privado, de fundaciones, bomberos voluntarios y gente particular, hemos logrado anclar el fuego con el apoyo de tecnología de los españoles. Hemos logrado concluir el trabajo”, aseguró.
600 mil hectáreas afectadas
El Alcalde lamentó que el 60% del municipio haya sido alcanzado por el fuego que se inició con fuerza en junio de este año y que alcanzó a múltiples comunidades de cuatro departamentos, afectando principalmente al de Santa Cruz. San Rafael reportó, en ese contexto, al menos 600 mil hectáreas afectadas por las quemas.
“Estamos pisando las 600 mil hectáreas, estamos hablando que el 60% del territorio municipal fue alcanzado por las llamas”, dijo y contó que se constituyó en bombero voluntario.
Los incendios registrados desde mediados de año generaron un daño de al menos 10,1 millones de héctareas de bosques y pastizales en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz, según la Fundación Tierra. Por su parte, el Instituto Nacional de Reforma. Agraria (Inra) reportó que este año se quemaron en el país 9,8 millones de hectáreas.}
