En el municipio de San Rafael de Velasco, zona de la Chiquitanía, la tala de maderas preciosas y semipreciosas para la fabricación de carbón ha encendido alarmas entre autoridades y pobladores. Según el alcalde Humberto Vargas Roca, cerca de 500 hornos de carbón han sido instalados en la zona, operados en su mayoría por comunidades que recientemente han sido creadas.
La materia prima de estos hornos incluye especies valiosas como el morado, el tajibo, el roble, el curupaú y el sirari, cuya explotación amenaza los recursos naturales de esta región de vocación forestal.
Vargas lamentó que, a pesar de la "pausa ecológica", los hornos siguen funcionando, incluso en carreteras como la de San Rafael a San José de Chiquitos, donde es visible la humareda constante.
“La ABT debería controlar esta situación, pero parece no haber respuesta suficiente”, reclama el alcalde.
De acuerdo con el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento, el 80% del territorio municipal es una zona forestal de uso permanente, lo que hace más crítica la extracción no regulada de madera.
Alejandro Vaca Díez, cacique de Santa Teresita del Surutú, denunció que la fabricación de carbón se realiza mayormente de forma ilegal y daña el medio ambiente. Además, señaló que, en ocasiones, estas actividades han causado incendios.
“Es un abuso contra la naturaleza y la comunidad. Algunos camiones cargados con carbón salen hasta tres veces por semana, usando madera que podría tener un gran valor de exportación”, comentó.
El líder indígena también cuestiona la falta de control a las nuevas comunidades, que parecen operar sin los mismos requisitos exigidos a las comunidades nativas.
Por su parte, Julio Egüez Aguilera, gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael, responsabilizó a los asentamientos recientes por los incendios en la región y criticó la falta de acción de las autoridades.
Según Egüez, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha otorgado resoluciones de asentamiento dentro de áreas protegidas y zonas de vocación forestal, lo cual permite el desmonte y facilita la instalación de estos hornos.
“Con esos permisos, pueden desmontar hasta 20 hectáreas por comunario. Este aval lleva a la pérdida de cientos de hectáreas de bosque”, explicó.
Las autoridades del sector lamentan que la región, conocida por su actividad ganadera y agrícola, ha sufrido pérdidas significativas debido a incendios y sequías.
“Durante la última temporada, de las 900 mil hectáreas que componen el municipio, 600 mil fueron afectadas por el fuego, perjudicando la ganadería, la agricultura y las pasturas naturales de las comunidades”, confirmó el cacique.
Además lamentó que las nuevas comunidades creadas exigen servicios básicos, acceso a caminos, educación, salud y agua potable, necesidades que deberían ser cubiertas por el gobierno departamental y nacional, pero recaen sobre las alcaldías.
