Los cambios y focalización de beneficiarios que se pretende introducir a la Renta Dignidad, a través del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, buscan ajustar gastos "en uno de los sectores más frágiles de la población", según un analista, mientras que los jubilados se movilizan para pedir explicaciones.
La disposición adicional quinta del proyecto de Ley del PGE 2025 señala: “Se modifica el artículo 3 de la Ley 3791 de 2007 de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad). Modificado por la Ley 378 de 16 de mayo de 2013, de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) con la siguiente redacción:
Artículo 3 (Beneficiarios de la Renta Universal de Vejez). Renta Universal de Vejez es la prestación vitalicia, de carácter no contributivo que el Estado otorgará a:
a) Los bolivianos y las bolivianas que residentes en el país mayores de 60 años de edad con excepción de:
1.- Los trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado o del sector privado.
2.- Los accionistas, socios y/o directores de sociedades comerciales, que cuenten con el Registro de Comercio.
3.- Los bolivianos y las bolivianas que perciban la Fracción Complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación.
b) Los bolivianos y las bolivianas que perciban una renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo.
c) A los titulares y los derecho habientes a los gastos funerales.
El analista en pensiones, Alberto Bonadona, señaló que el Gobierno "quiere financiar parte de sus gastos por el lado más débil de la cadena, cuando se debería ajustar otros gastos como el que se destina al avión presidencial que no se tocan, o los otros gastos en propaganda y publicidad”, precisó.
Según Bonadona, puede ser justo que exista una focalización del beneficio de la Renta Dignidad, porque hay gente que ya recibe una pensión y trabaja, pero en algún momento se presionó y se otorgó de manera universal.
“La renta es asistencial, son 350 bolivianos, pero en esta coyuntura el Gobierno está viendo cómo ahorrar dinero y ajustar gastos”, apuntó.
Añadió que la Renta Dignidad es un bono que ha ayudado a reducir la pobreza, es un fondo no contributivo que ha permitido dar una importante cobertura a la población.
Dijo que en un principio, cuando se pensó y diseñó el beneficio, se debería pensar en esta focalización, pero ahora ya es un derecho adquirido y se deberá ver si los jubilados aceptan el cambio.
Rodolfo Ayala, dirigente de los jubilados del nuevo sistema integral de pensiones, informó que antes de asumir alguna acción, se está solicitando una explicación de los alcances de la norma a la Comisión de Planificación y Economía Plural de la Cámara de Diputados donde se debatirá el Presupuesto General de la Nación (PGE).
Señaló que los beneficios que contempla la Ley de la Renta Universal de Vejez que otorga el beneficio de la Renta Dignidad, es un derecho adquirido y ganado por los jubilados.
Por eso es que se debe aclarar qué ajustes pretende realizar el Gobierno con esta política, porque los jubilados no tienen ninguna responsabilidad en el mal o buen manejo que se hubiese realizado de las finanzas.
