Desde 2016, el Fondo de la Renta Universal de Vejez que permite financiar el pago de un número creciente de personas beneficiadas con este bono social, es insuficiente para cancelar este bono social y el Gobierno ha tenido que recurrir a diversas fuentes de financiamiento.
Para 2025, en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE), se incorporan ajustes y se plantea limitar el pago de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años que continúan trabajando en el sector privado y reciben un salario mensual. Estos beneficiarios podrán acceder nuevamente a este beneficio cuando dejen de percibir un salario. La medida alcanza a quienes se jubilan con el 100% de su referente salarial, como es el caso de los militares y por otra se excluye a accionistas.
La Renta Dignidad se paga desde 2008 y para el efecto se constituyó el Fondo de la Renta Universal de Vejez, el cual se encuentra financiado por:
a) El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nacional a partir del 1 de enero de 2008. El Fondo Compensatorio de los Municipios y Universidades no será considerado como fuente de financiamiento del Fondo de Renta Universal de Vejez.
b) Los dividendos de las empresas públicas capitalizadas, generados a partir de la gestión 2008, en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos.
Los datos oficiales de la Gestora revelan que los recursos de este fondo permitieron financiar a los beneficiarios desde 2008 hasta 2015. De hecho, ese año el fondo dispuso 4.904 millones de bolivianos y el pago a los beneficiarios sólo representó un gasto de 2.838 millones de bolivianos, es decir se registró un superávit de 2.066 millones de bolivianos.
Déficit
La situación cambió en 2016 cuando los recursos disponibles eran de 2.134 millones de bolivianos, pero el pago a los beneficiarios llegaba a 2.940 millones de bolivianos, lo cual generó un déficit de 806 millones de bolivianos.
Para 2023, la brecha o déficit creció a 3.126 millones de bolivianos, debido a que los recursos del fondo fueron de 1.980 millones de bolivianos y el pago de la Renta de Jubilación demandó 5.106 millones de bolivianos, según los datos de la Gestora e incluidos en el estudio “Cómo la plata del gas se hizo gas” realizado por el economista Julio H. Linares.
Para la elaboración de esta nota,Visión 360envió un cuestionario a la Gestora el pasado jueves, pero no recibió respuesta hasta la fecha.
El número de beneficiarios de la Renta Dignidad es creciente, en 2008 apenas llegaban a 732.358 personas, pero en 2023 alcanzó a 1.197.145 personas y hasta julio de 2024 se tiene a 1.203.376 beneficiarios (datos de la Gestora).
Linares señaló que este programa social implementado en Bolivia en 2008, que proporciona una pensión universal a las personas mayores de 60 años, ha sido una política eficaz desde un punto de vista social, pues mejoró la vida de muchos adultos mayores que no tenían ingresos, coadyuvando así en la protección de un grupo vulnerable. “Sin embargo, es conocido que este programa, fue pensando por el gobierno del MAS como una ficha política, apostó a que los ingresos provenientes de la exportación del gas natural iban a ser eternos y también fue utilizado como un instrumento político en contra de las gobernaciones”, precisó.
Desde su inicio, la sostenibilidad de la Renta Dignidad está en entredicho debido a la dependencia de una fuente de ingresos que se pronosticaba podía ser volátil en el tiempo. Por lo cual, hasta hoy se utilizó la otra fuente dispuesta en la norma, añadió.
La tasa de crecimiento de la población beneficiaria fue de casi 4% por año, tasa mucho mayor a la del crecimiento poblacional del país, números que obligan a utilizar la otra fuente de financiamiento designada por la norma, que son los dividendos de las empresas públicas, por lo cual el TGN ha estado apuntando en los últimos años a empresas como YPFB, Ende o Entel, que deben resignar utilizar sus utilidades para reinvertir en el sostenimiento de la misma empresa.
Según Linares, es preocupante que haya empresas como Mi Teleférico, que desde su inicio de operaciones nunca tuvo utilidades, pero por Decreto Supremo fue obligado a desembolsar recursos para el financiamiento de Bonos Sociales.
“La sumatoria total de los ingresos del Fondo de la Renta Dignidad entre 2008 (inicio de operaciones) y 2023, con fuente IDH, fue de 45 mil millones de bolivianos y 5.600 millones menor que los desembolsos que se tuvieron que hacer para pagar la pensión a todos los beneficiarios de la Renta Dignidad en esos años; como se dijo, el déficit, que cada vez será mayor, lo financian empresas públicas y los recursos del TGN”, precisó.
Agregó que el problema es que el recorte que se piensa hace en 2025, no se da en la parte administrativa y en empresas estatales que no son rentables, sino en la parte social, perjudicando a la gente que tiene el bono como un derecho adquirido.
Señaló que el déficit se comenzó a generar con la caída de ingresos del gas y los recursos o dividendos de las empresas nacionalizadas tampoco llega a ser suficiente. “Esto va persistir, se va tener que buscar fuentes de financiamiento sostenibles mientras no se logre recuperar ingresos del gas, ojalá se pueda dar, pero se necesita inversión privada en exploración. Solo así el IDH podrá será una fuente sostenible para la Renta Dignidad, pero mientras no exista eso, los nuevos gobernantes van a tener que buscar otras fuentes de financiamiento sostenibles”, remarcó.
Explicó que el número de beneficiarios de la Renta Dignidad aumenta porque la población boliviana va envejeciendo y eso ha sido demostrado por los resultados del último Censo de Población y Vivienda, son pocos los departamentos donde predomina jóvenes y niños.
El gerente de la Gestora, Jaime Duran, indicó el domingo que con las limitaciones que se incluyen en el proyecto de PGE 2025, se estima que un total de 10.000 personas, dejarán de recibir la Renta desde el próximo año.
“Actualmente 1,2 millones de personas cobran la Renta Dignidad, el 99,5% va a continuar cobrando, de aprobarse el proyecto de ley del PGE 2025, más o menos estamos hablando de unos 10 mil beneficiarios que ya no estarían recibiendo la Renta Dignidad en 2025”, remarcó.
