Los actores de la cadena productiva y de abastecimiento, incluyendo empresarios, transporte, gremiales y otros, se han declarado en emergencia y anunciaron una “movilización contundente” para el 10 de febrero en demanda de que se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, porque consideran que es extorsiva para los actores económicos.
La disposición séptima autoriza el decomiso y confiscación de productos, en caso de que comercializadores pretendan retenerlos y/o encarecer los precios. El Gobierno argumenta que se pretende cuidar el bolsillo de la gente, pero los actores económicos denuncian que es una medida arbitraria y de ataque, que se prestará a la extorsión.
En su reunión en La Paz, los actores empresariales, comercio, transporte, cuentapropistas y otros emitieron un pronunciamiento donde exigen derogar la disposición séptima de la Ley del PGE.
Asimismo, exigen impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en la familia, la propiedad privada la seguridad jurídica y el acceso a la tecnología. Además, piden trabajar en un programa económico que dé soluciones a todos los problemas que tienen los integrantes de la cadena de abastecimiento y productiva.
También decidieron promover una ley referida a la banca, para beneficiar a los prestatarios que están sufriendo embargos y remates por la falta de circulante.
Los sectores se declararon en movilización permanente y anunció que definirá nuevas acciones.
Antes de la movilización del 10 de febrero, los sectores se volverán a reunir el 30 de enero en la ciudad de Sucre.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, dijo que que el Gobierno tiene la oportunidad histórica de derogar la disposición séptima y dar una señalar a Bolivia. Espera también que haya señales de parte de los asambleístas para la derogación.
Reconocieron el perjuicio que puede emerger de las medidas de presión, pero cuestionaron qué otra instancia tienen para la protesta.
