El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza y el presidente del Colegio de Economistas de Tarija Fernando Romero cuestionaron la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que permite la confiscación de productos. Esta norma ha sido rechazada por productores y diversos sectores.
Espinoza señaló que la medida del Gobierno destinada a controlar los precios de los productos en el mercado, podría provocar que el 2025 sea un año más inflacionario en comparación con la gestión pasada, cuando la inflación alcanzó el 9.97%.
“En vez de aceptar que el problema viene por un gran gasto fiscal, el Gobierno dice que el incremento de precios en el mercado tiene que ver con especulación y por lo tanto pone esta disposición para tener las normas legales para controlar los precios del mercado. (…) Entonces es muy probable que tengamos un año más inflacionario todavía precisamente por este tipo de medidas”, indicó en entrevista con Brújula Digital.
Además, dijo que el Gobierno “está dispuesto a mantener” esta disposición frente a cualquier tipo de presión de los sectores que la rechazan, por la rotulación del Ejecutivo respecto al sistema inflacionario.
Espinoza indicó que, aunque el Gobierno considera que el incremento de los productos de la canasta familiar se debe a la especulación, “es consciente” que también está relacionado con el aumento de costos debido al desajuste cambiario del dólar. A esto se suma la emisión de créditos internos por parte del BCB, lo que significa una emisión monetaria que podría derivar en inflación.
“Ante este proceso inflacionario que el Gobierno prevé, está entendiendo que no va a ser fácil de frenar porque necesitaría recortes fiscales, cosa que no está dispuesto a hacer. Quiere mantener esta disposición que en la práctica implica policía y mercados”, añadió.
También indicó que para la gestión política del Gobierno es más “peligroso” un incremento generalizado en los precios de los productos que las movilizaciones de algunos sectores, por lo que busca negociar con los sectores para ganar tiempo.
“El Gobierno busca negociar sector por sector, es lo que hemos visto en el caso de los panaderos, por ejemplo, haciendo promesas muy difíciles de cumplir. Los insumos a precios que están muy por debajo del precio del mercado, facilidades para la importación, hicieron un montón de cosas que probablemente no se puedan cumplir en el futuro, pero la estrategia es ganar tiempo”, afirmó.
Por otro lado, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija indicó que esta disposición atenta la libertad económica e indicó que si esta trae más aspectos negativos que positivos es mejor eliminar la cláusula.
“Si va a haber más aspectos negativos que positivos en un contexto general, entonces yo pienso que se debería tratar, derogar o eliminar esa cláusula de este presupuesto general del Estado que históricamente es la primera vez que contempla ese tipo de medidas en algo que debe ser netamente económico y financiero”, dijo Romero en entrevista con Brújula Digital.
Romero indicó que la normativa no está muy “clara” para identificar quiénes son los contrabandistas, los que cometen agio y especulación y esto podría ser una puerta abierta a que el Gobierno “pueda confiscar bajo cualquier criterio” inclusive a empresarios o comercializadores formales que no precisamente cometen el ilícito.
Además, resaltó que si bien el contrabando a la inversa tiene su impacto en la inflación, el problema de fondo es la escasez de dólares.
“Si bien la norma podría combatir el tema de la inflación, el problema de fondo es la escasez de dólares. Mientras existe eso, entonces va a continuar los problemas inflacionarios.Es decir, mientras no se ataque el problema de fondo estructural,vamos a continuar con ese proceso inflacionario,que sumado a lo que hemos visto, obviamente se incrementa”, añadió.
La disposición séptima que se encuentra en el PGE 2025, entró en vigencia el 1 de enero por fuerza del Ley sin previo tratamiento de la Asamblea Legislativa. Esta disposición “faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
