La tensión aumenta en la cárcel de Palmasola tras la suspensión de la entrega de alimentos para los internos del penal cruceño. La medida, que ha generado alarma entre los reclusos, se debe a una deuda de casi tres meses que la Gobernación de Santa Cruz mantiene con la empresa proveedora de alimentos.
Ante el riesgo de disturbios, las autoridades han reforzado la seguridad en el penal. Los internos han advertido que podrían declararse en emergencia este jueves, exigiendo una solución inmediata al problema.
El mes pasado, la empresa encargada del suministro de alimentos ya había amenazado con cortar el servicio por falta de pago. Sin embargo, la intervención de la Defensoría del Pueblo permitió postergar la decisión. Ahora, la situación ha llegado a un punto crítico.
El costo del prediario es de Bs 8 por interno, cubriendo desayuno, almuerzo y cena.
Según el Decreto Supremo 1854, las gobernaciones son responsables de financiar este gasto. No obstante, la Gobernación de Santa Cruz insiste en que la obligación debería ser asumida por el Gobierno central, lo que ha prolongado el conflicto.
En tanto, la delegada defensorial Sheila Gómez Santivañez ha mantenido reuniones con las autoridades y la empresa proveedora en busca de una solución.
Los reclusos de Palmasola, Ceprom y Okinawa esperan una respuesta concreta, y la amenaza de protestas sigue latente dentro de dichos penales.
