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Envían a la cárcel a dos funcionarios de Derechos Reales de Beni acusados por corrupción

La investigación se activó a denuncia de la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura en Beni.

Imagen de ilustración.
País | ABI | 2025-02-25 08:43:26

El juzgado 2º cautelar envió a la cárcel con detención preventiva al registrador de Derechos Reales (DDRR) de Beni, Freddy Germán S.Á. y al encargado de informática del Consejo de la Magistratura (CM), Víctor Elio V., ambos sindicados por actos de corrupción que generaron un daño económico de Bs 10 millones.

“La decisión se tomó tras la valoración de la documentación y los alegatos presentados por la defensa y la parte acusadora”, informó el Consejo de la Magistratura.

La investigación se activó a denuncia de la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura en Beni. De acuerdo con el cuadernillo de investigaciones, Freddy G. S.Á. habría ordenado la eliminación del asiento A-5, donde se registraba el derecho propietario de la empresa Amazonas, sin autorización de una autoridad competente.

Acción que fue ejecutada en febrero de 2024 y presuntamente tenía el objetivo de favorecer a otra empresa, generando un daño económico superior a los Bs 10 millones. En septiembre del mismo año, tras conocer la denuncia de la empresa afectada, Freddy S.Á. habría ordenado la reapertura del registro en un intento de revertir la eliminación previa.

“El Ministerio Público argumentó que estas acciones violan el ordenamiento jurídico y que existen indicios de otros posibles delitos que podrían ser descubiertos a medida que avance la investigación”, precisó el Consejo de la Magistratura.

Además, se reveló que “archivos informáticos clave” fueron eliminados, lo que dificulta el acceso a información relevante para el caso.

Durante la aprehensión del registrador, las cámaras de vigilancia captaron cómo sustraía documentación de su oficina, lo que refuerza la sospecha de que, en libertad, podría influir en otros funcionarios para la eliminación de pruebas.

Ambos sindicados deberán estar recluidos durante seis meses en el penal de Mocoví, mientras avanzan las investigaciones por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.