La institucionalidad cívica y autoridades municipales de la Chiquitania se reunió este martes en el Comité Cívico Pro Santa Cruz para abordar la demora y paralización de la construcción del tramo carretero entre San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco, que debía estar concluido en abril del 2022. Los representantes de los municipios de la región declararon un estado de emergencia, exigiendo respuestas inmediatas y efectivas al gobierno nacional.
El alcalde de San José, Marvin Barbery, fue claro al expresar la gravedad de la situación: “Estamos en estado de emergencia. Este proyecto, que comenzó el 4 de abril de 2019, debía concluirse en 36 meses, pero hasta ahora solo se han asfaltado 11 kilómetros. La empresa contratada se retiró por falta de combustible y ya no aceptamos más excusas”, señaló el edil.
Barbery convocó a una reunión con autoridades de YPFB, ANH y ABC para este miércoles, advirtiendo que, de no presentarse, se llevará a cabo una asamblea de la josesanidad para definir medidas de presión, que podrían incluir bloqueos y toma de vías férreas.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, respaldó esta postura, enfatizando que la carretera es vital para la producción, el turismo y la seguridad alimentaria de la región.
“Esta carretera ya lleva tres años de retraso. Nos afecta a todos. No vamos a seguir permitiendo este abandono”, afirmó, dejando claro que si el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y otras autoridades no se presentan para rendir cuentas, toda la Chiquitania se unirá a las protestas.
Jorge Vargas, alcalde de San Rafael, también se unió a las voces de protesta, calificando la carretera como “vital para el progreso de la región”.
“Transportamos medio millón de cabezas de ganado y media millón de hectáreas de grano. Este proyecto no solo nos conecta con Santa Cruz, también con Brasil y Paraguay. Llevamos más de 300 años esperando desarrollo”, sostuvo.
La diputada María René Álvarez, presente en la reunión, cuestionó la falta de atención del Gobierno hacia esta obra, señalando que el ministro Montaño no ha proporcionado respuestas claras en solicitudes anteriores.
“El Gobierno no prioriza esta carretera porque está en Santa Cruz. Pedimos al Banco Mundial, que financia el tramo, que explique por qué hubo desembolsos sin avances”, dijo.
Cochamanidis concluyó con un mensaje contundente: “No pueden seguir jugando con la gente. Esta carretera no es un favor. Es un derecho. Y vamos a defenderlo”.
Según datos del ministerio de Obras Públicas, la obra tiene una longitud de 206,3 kilómetros con un costo total de Bs 936,8 millones. El tramo conectará otras poblaciones como San Miguel y San Rafael de Velasco.
A mediados de febrero, el alcalde de San Rafael mencionó que la obra tenía un avance físico del 70% y los desembolsos llegaban al 91%.
