
Aunque el gobierno se puso un plazo hasta el 31 de marzo para solucionar la crisis de combustibles, el malestar de los sectores vuelve a resurgir con amenazas de paros y movilizaciones en los próximos días ya que denuncian incumplimiento a compromisos asumidos desde el nivel central en este tema y otras demandas.
“El lunes vamos a dar conferencia para tomar decisiones, se tiene que acatar la instructiva de la confederación, estamos hablando de un paro indefinido”, anunció este viernes, Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.
Entre sus demandas exigen solución a la escasez de carburantes y al alza de productos de la canasta familiar, mejora del estado de los caminos y la renuncia del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Marcel Claure y del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
“Siguen encubriendo a malos funcionarios como el presidente de la ABC, hasta cuando van a encubrir ya que esta persona ha hecho daño, ha causado luto por el mal estado de las carreteras, esta persona se hizo la burla del transporte”, añadió Tarqui al remarcar el mal estado de las rutas que conectan a los diversos departamentos del país.
Con respecto a Silva, observa que ha permitido el alza de los productos básicos. Respecto a las filas, reconoció que han bajado en el caso de la gasolina, pero continúan aquellas por diésel.
Este viernes, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz declaró estar cansada del incumplimiento de compromisos del gobierno y anunció la conformación de un comité de movilizaciones para organizar las protestas.
“La Fedecomin La Paz deslinda total responsabilidad sobre las acciones a asumir y responsabiliza al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB por la falta de atención e incumplimiento a los acuerdos suscritos anteriormente”, señala la resolución.
Integrantes del sector señalaron que hay incumplimiento a una agenda firmada en el 2023 y a otra acta acordada este mes en una reunión con el presidente Luis Arce. También piden la dimisión del director en La Paz del Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) por supuestas irregularidades en la emisión de certificados y registros; además de la salida del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, además de los encargados del área de comercialización de la planta de Senkata por incumplir el acuerdo del pasado 20 de marzo.