Aunque el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU consideró que Luis Fernando Camacho debe ser liberado y resarcido, el Gobierno insistió con justificar el juicio que se sigue adelante contra el gobernador cruceño electo, debido a los hechos de 2019 en el caso denominado “golpe de Estado” y anunció que habrá una sentencia próximamente.
El Grupo de Trabajo emitió un dictamen donde señala que la detención de Camacho es arbitraria y viola los derechos humanos. Sostiene que no existen bases proporcionales que justifiquen la detención preventiva y el juicio posterior.
El ministro de Justicia, César Siles, anunció que se pedirá al Grupo de Trabajo de la ONU que actualice su informe e incorpore pruebas contra Camacho que no habría tomado en cuenta.
Siles señaló que el organismo internacional debe tomar en cuenta que ya existe un juicio oral y contradictorio contra Camacho, además de que “pronto se dictará una sentencia”.
En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ratificó que está por terminar el juicio y pidió preguntar a la gente de El Alto “si existen elementos indicios pruebas suficientes de que el señor Luis Fernando Camacho ha participado o no en el caso Golpe de Estado”.
“No es necesario solamente entrar una discusión jurídica, sino a qué es lo que piensa la población en su conjunto. ¿Acaso no fue el propio Luis Fernando Camacho que dijo que sus familiares fueron quienes sobornaron a la policías y a militares para que sean amotinen en contra de un gobierno democráticamente electo?”, agregó.
Dijo que, para evitar nuevamente los hechos de 2019 con los muertos, se debe sancionar a los responsables.
Sin embargo, en criterio del Grupo de Trabajo, el Estado no ha demostrado pruebas de que dolorosos sucesos ese año hayan sido cometidos por el excívico en el ejercicio de sus derechos.
El ministro Siles racalcó que la opinión del Grupo de Trabajo no es vinculante y se puede revisar. Explicó que los únicos dictámenes vinculantes para el Estado son de la Corte Interamericana.
El ministro Del Castillo ratificó que no se permite injerencia externa en la justicia, pero de todas maneras los administradores judiciales son los que definirán la situación jurídica de las personas.
La defensa de Camacho ya anunció que presentará recursos judiciales para que se cumpla el dictamen del Grupo de Trabajo y se libere al gobernador. Advirtió con tramitar sanciones personales contra los funcionarios que vulneraron sus derechos.
