La mañana de este lunes, un grupo de concejales municipales fue brutalmente atacado por avasalladores de predios municipales aledaños al Jardín Botánico, mientras realizaban una inspección.
“Nos disponíamos a fiscalizar un predio que pertenece a la Alcaldía y fuimos recibidos con piedras, cohetes y empujones”, relató la presidenta del Concejo Silvana Mucarzel.
También resultaron agredidos los concejales Israel Alcócer, Lola Terrazas, Maykol Negrette, José Alberti y Karina Orihuela. Videos que se viralizaron en redes sociales muestran a la turba de avasalladores con machetes, palos, piedras y petardos quienes intentaban retener a los concejales Terrazas y Negrete.
De acuerdo con sus testimonios, el ataque se intensificó cuando intentaron verificar el avance de construcciones ilegales en los terrenos municipales.
Los concejales Negrette y Terrazas resultaron heridos por los invasores. “Lamentamos lo sucedido. Nos encontramos en una situación extremadamente peligrosa, y pedimos apoyo de la Guardia Municipal, pero fueron retirados por orden del alcalde”, señaló el concejal Alberti, indignado por la falta de respaldo institucional ante la violencia sufrida.
Los legisladores ediles presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Villa Primero de Mayo, exigiendo que se inicie una investigación sobre los hechos.
La concejal Terrazas también presentó otra demanda ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por agresiones sufridas, insistiendo en que la violencia no debe ser tolerada.
Mucarzel recordó que el año anterior, el Concejo ya había inspeccionado estos terrenos, dictándose un desalojo que nunca fue ejecutado por el Ejecutivo municipal. “Hoy encontramos casas de ladrillo donde antes no había nada. Esto es una muestra de la ineficiencia de la administración actual”, afirmó.
Terrazas enfatizó que el avasallamiento en la zona ha aumentado, a pesar de las multas impuestas, que alcanzan a Bs 14 millones por la tala de árboles. “El tráfico de tierras continúa mientras el Ejecutivo municipal se mantiene ausente”, reclamó.
En medio del conflicto, Marco Antonio Muñoz, un hombre que se identificó como supuesto propietario de las 80 hectáreas, aseguró tener toda la documentación necesaria registrada en Derechos Reales.
“No nos iremos. Si hay que derramar sangre para defender esto, lo haremos”, sentenció.
