El concejal de UCS, Miguel Fernández, está en medio de una polémica, luego de conocerse que la Fiscalía lo pretende citar a declarar en el marco de la investigación por la presunta rebaja irregular de impuestos a contribuyentes. Además se conoció que el Ministerio Público también lo convocó como testigo en otro caso por la supuesta venta de un área verde, en el barrio Faremafu.
Por este último proceso, la mañana de este jueves, la Fiscalía Anticorrupción y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron la vivienda del alcalde cruceño, ubicada en el barrio Las Palmas, con el objetivo de dar con el paradero de Miguel Fernández.
La propiedad fue intervenida debido a que el concejal había declarado ese domicilio como su residencia legal. El operativo inició a las 8:30 y estuvo encabezado por los fiscales Milenka Rodas y Brayan Melgar, acompañados de agentes del Departamento Anticorrupción. Durante la intervención se secuestraron documentos y otros elementos de interés investigativo.
El caso Faremafu tiene su origen en una denuncia vecinal realizada en septiembre de 2024, que alertaba sobre la construcción de una vivienda de dos plantas en un área pública ubicada entre las avenidas Busch y Centenario.
Posteriores inspecciones municipales confirmaron que se trataba de un terreno de uso público, cedido irregularmente por un funcionario conocido como “Penoco”, con supuesta participación directa del concejal Fernández.
“Este terreno fue cedido de forma ilegal, y el nombre de Miguel Fernández aparece mencionado en las declaraciones de varios involucrados”, afirmó el concejal Marcelo Vidaurre, impulsor de la denuncia que derivó en el allanamiento.
“Mi calidad de testigo sigue vigente. No me estoy escondiendo, siempre he dado la cara”, aseguró el hijo del alcalde, al negar implicación directa en los hechos denunciados.
Su abogado, Bladimir Honor, tildó el allanamiento de “arbitrario” y “violento”, alegando que Fernández no ha sido imputado ni formalmente sindicado por el Ministerio Público. “Un testigo no puede ser sometido a este tipo de acciones”, expresó el jurista, quien también insinuó una motivación política detrás del operativo, vinculándolo con la creciente popularidad del alcalde Fernández con miras a las elecciones.
“No puede callar cuando su hijo aparece mencionado en dos casos graves que afectan al municipio”, dijo el concejal Manuel Saavedra.
En el otro hecho se investiga la denuncia presentada por una empresa que denuncia haber pagado Bs 90.000 para obtener la rebaja en el pago de impuestos de 12 vehículos y cuatro inmuebles. Según el diario El Deber, una funcionaria acusada de recibir dinero y distribuirlo, fue quien implicó a Miguel Fernández y a su supuesto nexo que trabajaría en el municipio.
