El ministro de Justicia, César Siles, descartó que los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la convocatoria a Elecciones Generales, puedan frenar el proceso electoral previsto para agosto de este año.
“Lo más que puede hacer (el Órgano Judicial) es exhortar a la ALP si se considera que también debería ampliarse, a nivel Ejecutivo, no sólo al Legislativo, a las instancias deliberativas o legislativas, sino a las ejecutivas. En una elección, lo más que puede hacer es exhortar que se haga esa modificación”, indicó Siles en rueda de prensa, la tarde de este lunes.
Aclaró además que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene la facultad de modificar la Ley, y que como máximo, podría exhortar al Legislativo a debatir una norma sobre la paridad de género y representación de los pueblos indígenas.
“Entonces, la tarea corresponde única y exclusivamente a la ALP y más aún, cuando esté en trámite la norma o dicha propuesta de norma, con criterio favorable del Ejecutivo para la continuación de su trámite legislativo. Dicho de otra forma, la ALP es la única instancia competente para reglamentar ese artículo 26 de la CPE y modificar el artículo 298 de la Ley 1096”, acotó.
No obstante, precisó que cualquier determinación que surja de estos recursos solo tendría efecto en procesos electorales futuros, sin impacto sobre las elecciones programadas para este año.
Finalmente, advirtió que, si los magistrados del TCP decidieran frenar las elecciones, incurrirían en una acción ilegal que podría derivar en un juicio de responsabilidades en su contra.
El diputado del MAS Israel Huaytari presentó el 15 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta para que se garanticen binomios presidenciales paritarios, mientras que el 7 de abril, el diputado disidente de Comunidad Ciudadana Miguel Roca acudió al TCP en busca de que las organizaciones indígenas puedan participar en elecciones generales y no solo subnacionales, como lo limita la Ley 1096.
Pero, además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó una acción de constitucionalidad concreta también sobre la participación de los pueblos indígenas en los comicios nacionales.
