Pacientes con insuficiencia renal crónica, pese a su delicado estado de salud, protagonizan esta semana una serie de movilizaciones en diferentes regiones del país, exigiendo al Ministerio de Salud y Deportes el pago de las deudas pendientes con los centros donde realizan hemodiálisis. Temen que la demora en los pagos ponga en riesgo sus tratamientos.
En La Paz, miembros de la Asociación de Enfermos Renales Terminales se concentraron este miércoles en puertas del Ministerio de Salud, denunciando que hace más de ocho meses no se realiza el pago a los centros de diálisis con los que tienen convenios.
Irma Fernández, vicepresidenta de la Asociación, advirtió que esta situación compromete la vida de cientos de pacientes que deben dializarse hasta tres veces por semana. “Esta es una enfermedad silenciosa y riesgosa que requiere atención médica constante”, manifestó.
Marcos Quispe, presidente de la regional de El Alto y Viacha, denunció que los centros de hemodiálisis están operando al límite de su capacidad financiera.
“Estamos exigiendo que se paguen las deudas pendientes de inmediato para garantizar la continuidad de los tratamientos”, declaró, anunciando además que las medidas de presión se radicalizarán si no reciben respuestas concretas.
En Santa Cruz, más de dos mil pacientes renales también se encuentran en emergencia. Un grupo de enfermos instaló desde el martes una huelga de hambre indefinida frente a instalaciones del sistema de salud, denunciando la falta de pago desde 2024 a los 14 centros donde son atendidos, incluyendo hospitales públicos y centros de convenio.
Antonio Torrez, secretario de la Asociación de Enfermos Renales de Santa Cruz, denunció que el incumplimiento de compromisos previos por parte del Ministerio de Salud ha provocado el colapso financiero de los centros privados, los cuales ya no pueden cubrir los costos operativos, ni continuar atendiendo a los pacientes.
“Día que no dializamos, los enfermos renales podemos morir. Esta es una medida extrema porque ya no tenemos otra alternativa”, sostuvo.
Además, se reporta escasez de medicamentos e insumos médicos esenciales para los tratamientos. Torrez explicó que en los hospitales públicos de segundo nivel, como los ubicados en la Villa Primero de Mayo, la Pampa de la Isla, el Plan 3.000 y El Bajío, no existe la capacidad para absorber la demanda total de pacientes.
La Delegación Defensorial de Santa Cruz informó que se llevó a cabo una reunión entre la Defensoría del Pueblo y los Ministerios de Salud y Economía en La Paz, en la que se reportaron avances sobre los desembolsos a los centros de hemodiálisis.
La delegada defensorial instó a los pacientes y familiares a reconsiderar las medidas de presión, principalmente por las bajas temperaturas, que pueden agravar el estado de salud de los movilizados.
