La Fiscalía de La Paz ha determinado reabrir la investigación penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, según el documento proporcionado por el denunciante en el caso, el diputado Héctor Arce Rodríguez.
El diputado Héctor Arce manifestó, sin embargo, su susceptibilidad con la reapertura del caso, porque teme que sea una estrategia de la Fiscalía para cerrar definitivamente el caso contra el hijo del presidente, tomando en cuenta que no se puede procesar dos veces a una persona por el mismo hecho.
En este caso, el diputado denunció el año pasado la adquisición presuntamente irregular del predio Adán y Eva en Santa Cruz, por parte de Rafael Arce. Entonces, el parlamentario “evista” dijo que dos de los hijos del mandatario habían recibido préstamos del Banco Ganadero cuando tenían 25 y 20 años de edad, además de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) había favorecido a la familia con un trámite exprés.
Según recordó Héctor Arce, la denuncia fue presentada el 18 de mayo de 2024 y fue admitida por la Fiscalía el 20 de mayo, pero en 25 días el Ministerio Público decidió cerrar el caso.
Sin embargo, nuevamente este año el diputado solicitó reabrir el caso, adjuntando más elementos para la investigación. Es así que el 24 de julio el fiscal Hernán Kiffer remitió al juzgado correspondiente la decisión de reabrir el caso contra Rafael Arce Mosqueira y el director de la ABT, Luis Roberto Flores.
En el documento, el fiscal solicita una ampliación de 60 días en la etapa preliminar de la investigación.
Según el diputado Arce, en este caso existen varias irregularidades, como una presunto fraude impositivo, porque la propiedad habría sido comprada por 5,5 millones de dólares, pero los documentos de transacción sólo hacen aparecer 3,3 millones.
También señaló el hecho de que el Banco Ganadero haya prestado unos 63 millones de bolivianos a los hijos del mandatario, Rafael y Camila, a sus 25 y 20 años, respectivamente, sin tener experiencia en el rubro productivo.
Entre los nuevos elementos presentados, el diputado indicó que existen movimientos raros de dinero de Rafael Arce, toda vez que habría pagado un anticipo de 280 mil dólares (unos dos millones de bolivianos), cuando sus ingresos como funcionario en seis años y medio no superaban los 700 mil bolivianos.
Pese a la reapertura del caso, el diputado manifestó su desconfianza del fiscal general Roger Mariaca, porque cree que tiene un pacto de “no agresión” con el Gobierno.
“Entonces no quisiera pensar, querido pueblo de Bolivia, que esta reapertura tiene por objetivo disimular estos tres, cuatro meses que le queda al gobierno de Lucho Arce y volverlo a cerrar. Porque si lo cierran, sabemos muy bien que una denuncia por el mismo tipo penal no se puede volver a investigar. No quisiera pensar que esa es la razón por el cual han aceptado reabrir el caso y volverlo a cerrar definitivamente para que nunca más se pueda investigar. Esperemos que no sea el caso”, dijo el diputado Héctor Arce, en contacto con ERBOL.
