La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, aseveró que en Bolivia no existen "presos políticos” y que en todos los casos judiciales se garantizaron los derechos al debido proceso y a la defensa.
En referencia a los procesos judiciales por los hechos de la crisis de 2019, remarcó que las decisiones judiciales respondieron a procedimientos legales y no a intereses políticos.
“En Bolivia nunca ha habido presos políticos, siempre se ha respetado el derecho al debido proceso. Un ejemplo claro es el caso denominado golpe I, donde la defensa del señor (Luis Fernando) Camacho presentó un recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proceso. Lo mismo sucedió en el caso de la señora Jeanine Áñez”, aseveró Saravia.
La ministra recalcó que los procesos por los hechos de 2019 se originaron en base a informes de organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión contra la Tortura de la ONU, los cuales recomendaron investigaciones y sanciones ante posibles vulneraciones de derechos humanos.
“Es tan importante comprender que estos procesos tienen una base que son informes internacionales, no solamente del GIEI, son recomendaciones que han hecho, por ejemplo, la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que han coincidido en los criterios de la necesidad de investigar y sancionar estos hechos para que las víctimas por supuesto, no se queden sin justicia (…) Son hechos que no deben repetirse y no pueden quedar en la impunidad”, sostuvo.
En ese marco, hizo un llamado a no politizar los casos judiciales relacionados con la crisis política y social de 2019. Aseguró que las decisiones adoptadas por jueces y fiscales deben enmarcarse en la objetividad, la ética y la responsabilidad institucional.
La ministra también enfatizó que el Estado tiene el deber de garantizar justicia para las víctimas y recordó que estas pueden acudir no solo a instancias nacionales, sino también internacionales, si consideran que no se respetó su derecho a una justicia oportuna.
“Las víctimas deben tener la certeza de que los responsables van a ser sancionados. (…) La dignidad de las víctimas debe ser el centro de estos procesos”, dijo.
