Una vez deportado y en territorio boliviano, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitará que el exministro Arturo Murillo sea encarcelada en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz.
Apenas arribe al país de estados Unidos, Murillo será aprehendido por la Policía y puesto a disposición de las autoridades judiciales que definirán su situación legal para enfrentar dos condenas y más de seis procesos que tiene abiertos.
“La Procuraduría solicitará en audiencia que se lo remita al penal de máxima seguridad, que en este caso es el penal de Chonchocoro”, informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori, en declaraciones a la prensa.
Hombre fuerte del régimen de Jeanine Chávez, Murillo fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos, relacionados con la compra irregular de material antidisturbios.
En enero de 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión por una corte federal, tras declararse culpable. No obstante, fue liberado anticipadamente en junio de este año por buena conducta y trasladado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su deportación.
De acuerdo con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, Murillo arribará en un avión a Santa Cruz, este 4 de septiembre, a las 04h55, desde ahí será trasladado a La Paz.
Una vez llegue, la Policía Boliviana ejecutará las órdenes de aprehensión e inmediatamente se lo trasladará a la ciudad de La Paz.
Ya en La Paz, será sometido a una audiencia de medidas cautelares que estará a cargo del juez competente, con presencia del Ministerio Público y de todas las partes acusadoras.
“Puede darse en el caso, por ejemplo, (del caso) Gases Brasil y de Gases Ecuador, pero veremos esa situación. Los delitos por los cuales está (procesado son) corrupción, como por genocidio, por ejemplo, en el caso Golpe I, y obviamente en el caso de Gases Brasil y Gases Ecuador, una vez más, delitos que están vinculados no solamente a corrupción sino a otros delitos”, precisó el procurador.
El exministro cuenta con dos sentencias ejecutoriadas en Bolivia: La primera, por el denominado caso “Gases Ecuador”, que se refiere al ingreso irregular de armamento desde ese país y contempla una pena de cinco años y cuatro meses.
La segunda, por el caso de los “gases lacrimógenos”, involucra una compra con sobreprecio que generó un daño económico millonario al Estado y le valió una condena de ocho años.
“Inmediatamente estas sentencias se ejecuten, de igual manera va a pasar a la autoridad competente, es decir, se lo va a trasladar a este ciudadano al recinto penitenciario donde tenga que purgar esta pena”, apuntó.
