El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Washington “responderá en consecuencia” tras la condena impuesta al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro por conspirar contra el orden democrático de Brasil.
Rubio, que calificó el fallo del Supremo
Tribunal Federal (STF) de Brasil como una “caza de brujas”, señaló que dicha
persecución política está liderada por Alexandre de Moraes, a quien la
administración estadounidense acusa de violaciones a los derechos humanos y ha
sancionado, prohibiéndole además la entrada a Estados Unidos.
“Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro”, denunció Rubio en la red social X, y añadió: “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, sin detallar cuáles serían las posibles medidas.
El apoyo a Bolsonaro también fue manifestado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se declaró “sorprendido” por la condena y defendió al ex mandatario brasileño. Durante una interacción con la prensa, Trump trazó un paralelismo con su propia situación: “Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, afirmó el mandatario, aludiendo a sus enfrentamientos judiciales previos. Recordó que conoció a Bolsonaro como presidente de Brasil y remarcó que se trata de “un buen hombre”.
La reacción de Washington ante el proceso judicial incluyó la imposición, semanas atrás, de un arancel del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños exportados a Estados Unidos. Esta medida fue implementada en represalia directa al avance del proceso judicial contra Bolsonaro, una decisión rechazada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó
este jueves a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, tras hallarlo
culpable de haber conspirado para revertir el resultado electoral que dio la
victoria a Lula da Silva en 2022. Aunque originalmente se preveía que la
sentencia sería dictada en una sesión reservada al día siguiente, la Primera
Sala del STF decidió adelantar el fallo tras una votación de cuatro votos contra
uno, que declaró culpables a Bolsonaro y a otros siete acusados, incluidos ex
ministros y antiguos jefes militares.
De acuerdo a lo expuesto por el juez relator
del caso, la acusación consideró el agravante de que Bolsonaro fue “líder” de
una “organización criminal” cuyo objetivo era impedir que Lula asumiera el
poder tras ganar las elecciones presidenciales. La acusación, formulada por la
Fiscalía General de Brasil, fue aceptada por la mayoría de los jueces, que
dieron por probado que la conspiración comenzó en junio de 2021, cuando Lula
repuntaba en las encuestas.
Los condenados fueron hallados responsables de delitos contra la democracia, incluyendo intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. La trama golpista se estructuró en varias fases, iniciando con una campaña de descrédito encabezada por Bolsonaro contra las instituciones y el sistema electoral brasileño.
Las acciones pasaron de las palabras a los
hechos después de la victoria de Lula en octubre de 2022, con protestas
masivas, intentos frustrados de atentados por parte de la policía y la
instalación de campamentos a las puertas de los cuarteles, exigiendo la
intervención militar para impedir la investidura del nuevo mandatario.
Una semana después del ascenso de Lula el 1 de
enero de 2023, miles de activistas de ultraderecha partieron de esos
campamentos para asaltar violentamente las sedes de la Presidencia, el Congreso
y el Supremo Tribunal en Brasilia. Según la Fiscalía, esta última acción
representó la culminación del plan conspirativo, liderado activamente por
Bolsonaro, con el fin de perpetuarse en el poder e instaurar una dictadura en
el país.
