Desde las 00:00 de este miércoles 1 de octubre, los trabajadores del sistema de salud pública en Santa Cruz acatan un paro de 48 horas en demanda del cumplimiento de varios compromisos pendientes de autoridades municipales y departamentales. La medida afecta a hospitales de primer, segundo y tercer nivel, tanto en la capital como en provincias.
El paro fue convocado por la Federación de Trabajadores en Salud de Santa Cruz como respuesta a la falta de pago del bono de vacunación que aún no llegó a todo el sector, además del retroactivo del bono del 4 de julio, salarios pendientes de agosto y septiembre, y la firma de contratos que llevan meses en espera.
“Más de mil trabajadores aún no han recibido el bono de vacunación, y hay lugares donde se deben hasta cuatro meses de salario, como en El Torno y Urubichá”, señaló Ronnie Villegas, presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación. También advirtió que, de no firmarse 22 contratos que están detenidos desde abril, más de 5.000 funcionarios podrían quedar sin empleo en noviembre.
En hospitales como el San Juan de Dios, la Maternidad Percy Boland y el Hospital Japonés, se reportaron retrasos salariales que han afectado directamente al funcionamiento del personal. La situación se agravó con las lluvias de la madrugada, que redujeron la afluencia de pacientes, aunque quienes llegaron se encontraron con servicios suspendidos, excepto en el área de emergencias.
Esther Ortuste, trabajadora de salud, informó que los funcionarios no tienen fecha clara para el pago de sus sueldos y que la incertidumbre afecta también a la planificación de atención médica en los centros públicos.
“No nos han dado fecha para el pago de agosto ni septiembre”, señaló.
El martes, el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Edil Toledo, aseguró que el pago del bono de vacunación está garantizado y que los desembolsos comenzarían entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, Toledo presentó documentos que respaldan las gestiones realizadas ante los ministerios correspondientes.
“Estamos trabajando con todos los sindicatos y explicando los motivos del retraso. El presupuesto ya fue aprobado por el Ministerio de Economía”, afirmó Toledo, quien además destacó la coordinación con la Defensoría del Pueblo en mesas técnicas.
Ante cuestionamientos sobre la legalidad del paro, los trabajadores aclararon que la protesta no vulnera ninguna normativa, ya que se mantiene la atención en servicios de emergencia, tal como lo exige la ley.
