La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) declaró este lunes un estado de emergencia en el sector, ante una serie de problemas que estarían afectando el normal abastecimiento de combustibles en la región.
En un pronunciamiento público, expresó su preocupación por las limitaciones en la entrega de volúmenes de combustible, especialmente en una etapa clave del año marcada por la cosecha agrícola.
Según el gremio, las estaciones de servicio no están recibiendo el volumen necesario para cubrir la demanda interna real.
A esta situación, los surtidores suman que habría fallas en la aplicación oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que reflejaría información errónea sobre los saldos de combustible disponibles en las estaciones. Esto genera una percepción equivocada entre los consumidores, quienes acuden a surtidores que ya no cuentan con producto, provocando reclamos injustificados y debilitando la confianza en el sistema de control.
Asosur también alertó sobre problemas recurrentes en la calidad del diésel y las gasolinas distribuidas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En varios casos, el combustible llega sin los certificados correspondientes o con características fuera de especificación, lo que podría afectar gravemente a los vehículos, maquinaria agrícola e industrial.
El gremio recordó que YPFB es el único proveedor autorizado y que la ANH tiene la responsabilidad de fiscalizar la calidad del producto desde el origen hasta los puntos de venta.
Otro aspecto crítico señalado es la burocracia asociada a la autorización del desbloqueo de GPS en cisternas, un trámite exigido por la ANH que debe gestionarse por correo electrónico. Esta medida estaría ocasionando demoras considerables en la carga de combustibles en planta, paralizando operaciones y agravando el riesgo de desabastecimiento.
Ante este escenario, Asosur Santa Cruz exigió a las autoridades nacionales una respuesta inmediata y efectiva que permita restablecer la normalidad en el suministro, corregir los sistemas informáticos de control, eliminar trabas administrativas innecesarias y garantizar la calidad del combustible que llega a los usuarios finales.
“El compromiso de nuestro sector con la población es abastecer de manera transparente y segura. Por eso, es urgente que las instituciones responsables actúen con celeridad para resolver estos problemas que ya están afectando a la economía regional y al bienestar de miles de ciudadanos”, concluyó el pronunciamiento.
