Un día después de conminar a los autoprorrogados a renunciar o esperar ser expulsados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, presentó este martes una denuncia penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TCP), por considerar que están usurpando funciones.
Saucedo los acusa de dos tipos penales: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y usurpación de funciones.
La demanda es contra el presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado, el decano René Yván Espada y las magistradas Karen Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. En el documento presentado, Saucedo señala que los cinco iniciaron su gestión el primer día hábil del 2018 y debieron concluir su mandato de seis años el 31 de diciembre del 2023.
En la demanda, Saucedo pide además que se active la alerta migratoria contra los cinco denunciados. El lunes a través de sus redes sociales, el presidente del TSJ señaló que el TCP ha sido una de las instituciones que más daño causó a la democracia y el país, debido a los prorrogados.
“Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, señaló entonces Saucedo, al hacer alusión a un proyecto de ley aprobado en el Senado para cesar a los magistrados prorrogados. La norma pasó a consideración de la Cámara de Diputados.
El mismo lunes, el ultimátum de Saucedo fue respaldada por los presidentes de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, José Baptista y Christian Méndez, respectivamente.
Horas antes, Hurtado señaló que la única forma de que dejen sus cargos es que se elija a sus sucesores. “Lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado esta etapa, nosotros nos mantendremos hasta que vengan nuestros reemplazos”, remarcó Hurtado.
La alianza Libre, que tiene como candidato a la presidencia a Jorge Quiroga, expresó su discordia con la propuesta de Saucedo, al considerar que se pone en riesgo la realización del balotaje del 19 de octubre.
Libre advirtió que dejar al país sin control del TCP es una estrategia del MAS en la Asamblea Plurinacional para provocar la anulación de las elecciones del 17 de agosto y que no se realice la segunda vuelta.
Hicieron referencia a versiones surgidas la pasada semana de que las distintas facciones del MAS pretendían conformar una comisión para investigar un supuesto fraude en la primera vuelta.
