El Ministerio Público reactivó el caso consorcio y decidió ampliar la imputación por el delito de organización criminal, al considerar que la conducta de los implicados se adecúa a ese tipo penal, según Erbol. En este caso están imputados el exministro de Justicia César Siles, los exvocales Claudia Castro e Yván Córdova, además del magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero.
Las exautoridades fueron denunciadas a mediados de año por supuestamente actuar de manera coordinada para presionar a un juez de provincia, con el objetivo de direccionar una Acción de Cumplimiento y suspender la credencial de la magistrada titular Fanny Coaquira, a fin de hacerse del cargo.
El juez Fernando Lea Plaza, quien habría sido presionado por el consorcio, colaboró con la investigación y reveló los vínculos. Sin embargo, en octubre perdió la vida en un hecho que las autoridades determinaron como suicidio.
Anteriormente, el caso se llevaba adelante por los delitos de consorcio y tráfico de influencias, pero ahora se amplía el plazo de investigación al incluir la imputación por organización criminal.
El fiscal Fernando Espinoza explicó que se ha determinado ampliar la imputación, al considerar que hubo coordinación entre los implicados y una división de roles para cometer el presunto ilícito, según Erbol.
Todos los implicados ya fueron convocados nuevamente a declarar y se acogieron al silencio.
De los imputados, solo la exvocal Castro cumple prisión preventiva en el penal de Obrajes, mientras que el exministro Siles y el resto cumplen detención domiciliaria. La excepción es el abogado Antonio De la Fuente, quien se encuentra prófugo.
El exministro Siles fue implicado luego de conocerse un audio de una llamada, en la cual presuntamente ofreció protección al juez Lea Plaza para que emita el fallo instruido por el consorcio.
Cuando estalló el caso, en junio, se produjeron las renuncias de Siles como ministro, así como de los vocales Córdova y Castro, quienes también fueron mencionados como parte del esquema.
El fiscal anunció que se analizará si corresponde solicitar nuevas medidas cautelares contra los imputados.
