Mediante sus redes sociales, el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, rechazó este miércoles las pretensiones para que renuncie al cargo y anunció la presentación de un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia ejecutoriada que pesa en su contra.
La autoridad de Estado expresó su preocupación por la situación en la que se encuentra con el objetivo de alejarlo del equipo del presidente Rodrigo Paz ya que consideró el proceso que enfrenó fue “político, irregular y violatorio” de sus derechos fundamentales, “realizada bajo coacción, y amenazas posteriores a un secuestro y tortura”.
La respuesta surge luego que el titular de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, haya mencionado que Vidovic cuenta con una sentencia ejecutoriada de tres años por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros, por lo que “no podrá ejercer cargo público”.
Vidovic enfatizó que nunca fue notificado legalmente con la sentencia condenatoria de tres años, lo que -según dijo- “vulnera mi derecho a la defensa y al debido proceso”.
“Por lo tanto, he decidido interponer un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, con el fin de que se revisen las circunstancias que rodearon mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad”, anunció.
Hizo referencia a la Constitución Política del Estado que su artículo 234, numeral 4, señala que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento.
“Sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria VICIADA DE NULIDAD, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia”, aseguró.
Además, dijo que el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos ocho años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes.
En su caso, dijo que transcurrieron más de 10 años desde que se dictó la sentencia “lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones”.
Aseguró que no permitirá que se utilice a la justicia para “perseguir a quienes luchan por la verdad y la justicia” y que defenderá sus derechos para seguir trabajando por la justicia y la transparencia en Bolivia.
