Un proyecto de decreto supremo filtrado en grupos internos de WhatsApp de los trabajadores de YPFB y ENDE encendió las alarmas sindicales al revelar una intención de trasladar a los obreros del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. La medida implicaría la pérdida de beneficios sociales, la restricción del derecho a la sindicalización y el debilitamiento de las estructuras gremiales en el sector energético y petrolero.
La iniciativa apuntaría a “institucionalizar” YPFB y ENDE bajo criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia, eliminando los sindicatos internos y obligando a su personal a migrar al régimen de servidor público para garantizar.
Ante ello, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para este miércoles 26, que se realizará en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros en la ciudad de La Paz y de hecho anticiparon su rechazo a lo que califican “un atentado a la estabilidad laboral en todo el sector estatal”.
En La Paz, la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia emitió un pronunciamiento el pasado 22 de noviembre, rechazando “de manera categórica” el proyecto de decreto, al considerar una amenaza a la estabilidad de los trabajadores.
La organización instruyó preparar todas las medidas necesarias para frenar su aplicación y remarcó que el personal operativo no tiene responsabilidad en problemas administrativos o financieros de las empresas públicas.
También el sindicato de Trabajadores de ENDE-Cochabamba también rechazó el presunto cambio de régimen laboral por considerarlo ilegal y perjudicial para los derechos adquiridos.
Los dirigentes advirtieron que este tipo de medidas podría ser el primer paso hacia un proceso de privatización y derivar en un incremento de tarifas para la población, al tiempo que exigieron transparencia en el estado financiero de ENDE, empresa que —según recalcaron— se ha sostenido de manera eficiente y transparente en los últimos años.
Pronunciamientos similares surgieron de los sindicatos petroleros, que anunciaron su participación en el ampliado convocado por la COB. Las organizaciones laborales coinciden en que el proyecto de decreto representa un precedente que podría replicarse en otras empresas públicas y llaman a la unidad nacional para defender la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y los servicios públicos estratégicos del país.
El 19 de noviembre, en una entrevista con el portal digitalAsuntos Centrales, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, señaló que la Ley General del Trabajo es “muy antigua” y “ya no se ajusta a nuestra realidad”, por lo que ha encargado a la dirección jurídica del ministerio revisar la normativa y proponer las modificaciones y mejoras necesarias.
