En ampliado de este miércoles, la Central Obrera Boliviana (COB) ha lanzado una serie de advertencias al Gobierno para que cambie su rumbo político. Expresó su rechazo a supuestos “ajustes neoliberales”, como la eliminación de la subvención de carburantes, la flexibilización laboral, entre otros.
“Exigimos la inmediata rectificación del rumbo político y económico, recordando que el poder emana del pueblo y pertenece a los trabajadores, no a las élites ni a los intereses ajenos a la patria”, dice la resolución, a tiempo de denunciar el incumplimiento de promesas electorales del Gobierno.
Asimismo, la COB rechazó “cualquier intento de eliminar o reducir la subvención a los hidrocarburos”, sin que haya análisis previo, porque esa medida castigaría a los trabajadores y a las familias vulnerables y a la economía popular.
Advirtió que no permitirá “ajustes neoliberales y encubiertos, ni receta improvisada que descargue una crisis sobre los hombros del pueblo”.
En otras decisiones, la COB rechazó el proyecto de ley de criminalización de la protesta social.
También manifestó su rechazo al presunto proyecto de decreto que sacaría de la Ley General del Trabajo a los trabajadores de ENDE, YPFB y cajas de salud, para llevarlos a un régimen de funcionarios públicos.
En ese sentido, la COB condenó las declaraciones del Ministro de Trabajo, respecto a que la Ley General del Trabajo estaría caduca.
“Advertimos que no permitiremos retrocesos ni intentos de flexibilización laboral encubiertos y exigimos una rectificación pública inmediata, en respeto a la memoria histórica y al mandato constitucional de proteger la estabilidad y la libertad de todo el trabajador”, dice la resolución.
La Central Obrera criticó también como “vergonzosa” la pugna entre el presidente y el vicepresidente del Estado. “Estas disputas personales, alejadas a los intereses del pueblo, profundizan la ingobernabilidad y exponen la crisis moral de la conducción política mientras el pueblo boliviano enfrenta día a día los problemas reales del país”, indicó.
Asimismo, la COB denunció una “intención de intimidar mediante la persecución política dirigentes sindicales, no respetando el debido proceso a la presunción de la inocencia”.
