El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que una de las razones por las que no cierran las empresas que fueron identificadas como deficitarias es que, para ello, se requiere el apoyo de la Asamblea Legislativa, ya que muchas de ellas fueron creadas por ley.
Espinoza sostuvo que, a partir del Decreto Supremo 5503, se prohíbe que el Banco Central de Bolivia financie a empresas estatales. Sin embargo, explicó que el cierre de estas no depende del nivel Ejecutivo.
“Muchas de estas empresas públicas fueron creadas con leyes y, por lo tanto, para su liquidación requerimos que el Congreso nos permita liquidarlas; no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y el Congreso tiene un rol importante que jugar”, explicó, citado por Infobae.
La autoridad no detalló cuáles de las más de 60 empresas fueron creadas por ley.
La pasada semana, el Gobierno presentó el informe “Saqueo Institucional; el costo de la corrupción en las empresas públicas”, en el que detalló las inversiones que realizaron los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las pérdidas que ahora significan para el país. En el reporte se observaron diversas empresas estatales.
“Sólo tres empresas públicas hoy son rentables. Estas son YPFB, Ende y Comibol, que son las empresas heredadas de los sectores estratégicos que siempre tuvimos en Bolivia y estas son las únicas que generan utilidades. De estas, el 95% del total de los ingresos de las empresas públicas se generan en estas empresas públicas, de las 67 que existen”, reveló entonces el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Según su informe, entre las empresas que recibían créditos del BCB están EBA, Ecebol, Eepaf, Emapa, Envibol, Quipus, Senatex, Yacana, Mut’un, BoA y la Editorial del Estado, entre otras.
