El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fortalecimiento del control estadounidense sobre la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. En una serie de declaraciones desde la Casa Blanca, Trump detalló los planes para que compañías estadounidenses inviertan USD 100.000 millones en la reconstrucción y expansión de la producción petrolera venezolana, resaltando que la administración estadounidense gestionará el ingreso de estas empresas y supervisará la comercialización internacional del crudo.
El mandatario explicó que el objetivo de su gobierno es rehabilitar la infraestructura petrolera venezolana, deteriorada tras años de declive, con la participación de grandes corporaciones del sector. Trump subrayó que la intervención busca asegurar un flujo estable de millones de barriles diarios de petróleo tanto para Estados Unidos como para los mercados globales, apuntando a la reducción de los precios energéticos domésticos y la consolidación de la influencia estadounidense sobre las reservas probadas más grandes del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles.
Trump precisó que el gobierno federal determinará qué empresas tendrán autorización para operar en Venezuela y aseguró que los ingresos por la venta de crudo, acordada en un volumen inicial de entre 30 y 50 millones de barriles, serán controlados por Washington antes de ser transferidos al gobierno interino de Caracas. Además, confirmó la incautación de varios tanqueros vinculados a Venezuela y reiteró que Estados Unidos continuará controlando la exportación, refinación y producción de petróleo venezolano de manera indefinida, con el argumento de impedir que otros actores internacionales, como Rusia o China, se hagan con el control del sector energético en el país sudamericano.
El viernes, la Casa Blanca fue escenario de una reunión encabezada por Donald Trump junto a ejecutivos de diecisiete de las principales compañías petroleras internacionales, entre las que se encontraban Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, la española Repsol, la italiana Eni, así como firmas de servicios y comercialización como Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura y otras. El propósito del encuentro fue analizar las condiciones para una inversión masiva orientada a la recuperación y modernización de la infraestructura petrolera venezolana.
Durante la sesión, Trump instó a las compañías a “invertir su dinero, no el del Gobierno”, comprometiéndose a proveer protección gubernamental y garantías de seguridad jurídica para las inversiones. El mandatario recalcó que las empresas operarían bajo el amparo directo de Estados Unidos, sin negociaciones bilaterales con las autoridades venezolanas, en un intento por disipar las dudas de las multinacionales ante el historial de nacionalizaciones y la persistente volatilidad política en Venezuela.
En la mesa, el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, manifestó el interés de la empresa en mantener y ampliar sus inversiones en el país, donde sus empresas mixtas con PDVSA representan cerca del 27% de la producción nacional. Sin embargo, otros actores expresaron reservas. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, consideró que el contexto actual en Venezuela resulta “no invertible”, señalando la necesidad de reformas profundas en el marco jurídico, garantías duraderas para la inversión extranjera y la revisión de las leyes de hidrocarburos para considerar el retorno de la compañía.
El Ejecutivo estadounidense enfatizó que solo las empresas seleccionadas por su administración podrán ingresar a Venezuela, y anticipó que la modernización del sector implicará la construcción de nuevas instalaciones en reemplazo de la infraestructura obsoleta.
Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump centró sus relaciones con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El presidente estadounidense afirmó que, en este momento, el ejecutivo de Caracas “parece ser un aliado” y anticipó que la cooperación bilateral continuará bajo supervisión directa de Washington. Trump señaló que la colaboración mostrada por las nuevas autoridades venezolanas, especialmente en la transferencia del control del crudo y en la aceptación del rol estadounidense en la reconstrucción petrolera, es vista por la Casa Blanca como un paso correcto para garantizar estabilidad y evitar una nueva intervención militar.
En este contexto, el gobierno estadounidense dejó de lado a los principales líderes de la oposición venezolana como interlocutores principales para la transición, apostando por una gestión donde la administración de Rodríguez se mantiene al frente del país bajo orientación estadounidense. Ambas partes acordaron la comercialización de decenas de millones de barriles de petróleo, con la recaudación de ingresos en manos de Estados Unidos antes de cualquier transferencia a Caracas. Trump recalcó que este esquema pretende bloquear el acceso de potencias extranjeras, como Rusia o China, al sector energético venezolano, consolidando la influencia de Washington en la toma de decisiones estratégicas del país sudamericano.
La estrategia de Estados Unidos sobre el control del petróleo venezolano tuvo resonancia internacional, especialmente por la posición adoptada frente a China y Rusia. Durante la reunión con los ejecutivos petroleros, Donald Trump afirmó que Washington decidió asumir la gestión y comercialización del crudo venezolano para evitar que Moscú y Beijing consolidaran su presencia en el país sudamericano. El presidente estadounidense declaró que su administración está dispuesta a vender petróleo venezolano a ambos países “en las cantidades que necesiten”, pero bajo la condición de que las transacciones pasen exclusivamente por canales gestionados por Estados Unidos.
Trump reiteró que, de no haberse producido la intervención y el acuerdo con el gobierno interino de Caracas, tanto China como Rusia habrían reforzado su influencia sobre la industria petrolera venezolana. El mandatario defendió la apertura de negocios con ambos países, condicionando toda relación a la supervisión y control estadounidenses sobre el flujo de crudo y los ingresos derivados de su venta. Paralelamente, el gobierno estadounidense solicitó a las petroleras internacionales que prioricen la construcción de nuevas instalaciones y la eliminación de infraestructuras obsoletas, buscando así consolidar una presencia de largo plazo en el país bajo estándares tecnológicos occidentales.
En paralelo a la reorganización del sector petrolero, Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela iniciaron contactos para explorar la restauración de relaciones diplomáticas. Según informó el Departamento de Estado, una delegación estadounidense, compuesta por diplomáticos y personal de seguridad, viajó a Caracas para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada norteamericana en la capital venezolana. El diálogo institucional se presenta como un complemento a la cooperación energética y busca dotar de estabilidad política a la nueva etapa de colaboración.
En el ámbito regional, Donald Trump también anunció una inminente reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, programada para principios de febrero. El mandatario estadounidense instó a su par colombiano a intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, aunque tras una conversación telefónica reciente, ambos líderes demostraron disposición a cooperar estrechamente. La relación bilateral se sustenta en la lucha contra el narcotráfico y la asistencia militar brindada por Washington a Bogotá, factores que refuerzan la importancia de Colombia para la estrategia estadounidense en la región.
