La relación entre Ecuador y Colombia atraviesa un nuevo momento de tensión tras un intercambio de acusaciones entre sus presidentes en torno a operaciones militares contra el narcotráfico en la frontera común.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, negó de forma categórica que su país haya ejecutado bombardeos en territorio colombiano, en respuesta a las denuncias realizadas por su homólogo, Gustavo Petro.
La controversia se originó luego de que Petro afirmara que un artefacto explosivo hallado en una zona fronteriza de Colombia habría sido lanzado desde Ecuador, lo que encendió alertas sobre una posible violación de soberanía.
Noboa rechazó estas acusaciones y aseguró que las operaciones militares ecuatorianas se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio, en el marco de la lucha contra organizaciones criminales y grupos armados que operan en la zona limítrofe.
A través de un mensaje público, el mandatario ecuatoriano sostuvo que su gobierno combate el “narcoterrorismo en todas sus formas” y que los bombardeos se dirigen a campamentos utilizados como refugio por estructuras ilegales, muchas de ellas —según afirmó— de origen colombiano.
En el mismo pronunciamiento, Noboa elevó el tono al acusar a Colombia de permitir el ingreso de familiares de Adolfo Macías Villamar, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, actualmente detenido en Estados Unidos.
Según el mandatario ecuatoriano, este cruce fronterizo habría coincidido con el ingreso a Colombia de la excandidata presidencial Luisa González, en medio del toque de queda decretado en Ecuador por razones de seguridad.
Las declaraciones forman parte de una creciente escalada retórica entre ambos gobiernos, marcada por diferencias en el manejo de la seguridad fronteriza y la expansión del narcotráfico en la región.
Desde Quito, la canciller Gabriela Sommerfeld respaldó la postura del Ejecutivo y aseguró que Ecuador mantiene operaciones activas contra campamentos de grupos irregulares que cruzan desde Colombia.
Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta el momento el gobierno colombiano no ha presentado pruebas concluyentes que respalden la hipótesis de un bombardeo transfronterizo, mientras crece la presión por encauzar el conflicto por la vía diplomática.
