Es fascinante, por no decir sospechoso, el súbito despertar del activismo ambiental en Bolivia. Tras dos décadas de un letargo profundo y cómplice, hoy los sectores ecologistas y ciertas figuras políticas "tiran el grito al cielo" por el proyecto exploratorio Domo Oso X-3 en Tariquía. Sin embargo, este fervor proteccionista llega tarde, con un tufo a selectividad política y una amnesia conveniente sobre quiénes abrieron las puertas de nuestras reservas al extractivismo y al crimen organizado.
Durante 20 años, el MAS convirtió los parques nacionales en sus feudos particulares. ¿Dónde estaban estos defensores de la naturaleza cuando el TIPNIS fue partido a la mitad para construir una carretera destinada a expandir la frontera cocalera? En aquel entonces, la resistencia indígena fue abandonada a su suerte mientras el gobierno de Evo Morales y luego el de Luis Arce, "hacía y deshacía" a su antojo, ignorando consultas previas y destruyendo ecosistemas únicos.
Lo más grave es que el silencio ecologista no sólo cubrió la deforestación, sino la criminalización de nuestras áreas protegidas. Parques nacionales enteros se transformaron en santuarios del narcotráfico, plagados de pistas clandestinas y fábricas de droga. Bajo la mirada impasible de quienes hoy se rasgan las vestiduras, el Isiboro Sécure y el Madidi se llenaron de precursores químicos. El ecologismo de cafetín calló ante la bota del poder que autorizaba, mediante leyes específicas en el Congreso, que las petroleras ingresaran a territorios indígenas y reservas naturales. La Ley de 2015, firmada por Morales, es el certificado de defunción que ellos aceptaron sin chistar.
Ahora, el escenario es Tariquía. Resulta irónico ver al vicepresidente Edman Lara hacer un "show" mediático en la reserva, declarándose protector de un área que su propia facción política vulneró legalmente hace años. La realidad técnica es terca: el proyecto Domo Oso X-3 se encuentra fuera del polígono de la reserva y representa una oportunidad estratégica para un país que se asoma al abismo del desabastecimiento energético. Con las reservas de gas en niveles mínimos históricos, el dilema de Tariquía no es meramente legal —puesto que las normas de incursión las dejó listas el MAS— sino ético y de supervivencia nacional.
Bolivia enfrenta la amenaza real de tener que importar gas para su consumo interno en los próximos años, una humillación económica para la que fuera la "hija predilecta" de los hidrocarburos. La exploración es necesaria para garantizar regalías a Tarija y estabilidad al país. Oponerse hoy, basándose en un purismo ambiental que no existió cuando el narcotráfico y la coca devoraban los parques, es un acto de cinismo político.
El "despertar" de los ecologistas parece ser, en realidad, un movimiento coordinado para desestabilizar la gestión actual y ocultar las huellas de 20 años de entreguismo disfrazado de soberanía. Si realmente les importara el medio ambiente, habrían alzado la voz contra las pistas de aterrizaje en la selva y no solo contra los pozos que buscan evitar que el país se quede sin energía.
Tariquía es hoy el campo de batalla de una hipocresía que ya no puede sostenerse. Es hora de dejar el show y enfrentar la realidad: el desastre ambiental comenzó hace dos décadas con el silencio de quienes hoy pretenden darnos lecciones de ética.
