Dos hechos recientes, vinculados al narcotráfico, ponen a prueba de manera directa la capacidad real del Estado para enfrentar uno de los fenómenos más corrosivos del poder contemporáneo. No se trata de episodios aislados ni de simples fallas operativas. Son pruebas de fuego para los mecanismos de control efectivo y sanción, de los que depende que la ley siga siendo un límite o que el crimen organizado continúe operando bajo algún tipo de protección.
El primer caso es el envío de más de 700 kilos de cocaína camuflados en un despacho de madera procedente de Bolivia y descubierto en Chile. La magnitud del cargamento y el método de ocultamiento revelan un nivel de sofisticación incompatible con la improvisación. Operaciones de esta naturaleza requieren logística, información privilegiada y protección. Nada de eso ocurre sin fisuras graves en la cadena estatal de control.
El segundo hecho resulta aún más perturbador por su flagrancia. Un jet privado aterrizó en el aeropuerto de Viru Viru, el principal del país y puerta de entrada aérea de la ciudad más poblada de Bolivia, y permitió el ingreso de decenas de maletas sin controles efectivos, a vista y paciencia de los organismos responsables de resguardar la legalidad del tráfico aéreo. Hasta hoy no se ha informado con claridad el contenido de ese equipaje. Esa ausencia de explicación no es un detalle administrativo. Es una señal de alarma institucional.
La gravedad aumenta cuando la investigación deriva en la detención preventiva de un juez anticorrupción, presunto propietario de un recinto donde se hallaron droga y otros elementos prohibidos, con aparente vinculación con ese vuelo. A ello se suma la presencia de una exdiputada que habría utilizado un pasaporte oficial pese a haber fenecido su mandato. No se trata de conductas individuales bajo sospecha, sino de indicios de una trama de privilegios y encubrimientos desde el poder público.
Estos hechos interpelan al gobierno de manera directa. No por su sola ocurrencia, sino por la forma en que se los investiga y se los sanciona. Cuando operaciones de esta magnitud atraviesan fronteras y aeropuertos internacionales sin controles efectivos, resulta difícil negar la colusión de funcionarios o la existencia de zonas liberadas. La demora en ofrecer resultados concretos alimenta la percepción de que subsisten estructuras criminales que no han sido afectadas por el cambio de conducción del Estado.
Aquí se vuelve pertinente una idea ya planteada en otros debates. El problema no es sólo la existencia del delito, sino el desborde del poder cuando nadie lo controla. El narcotráfico no opera únicamente como actividad criminal. Opera como un poder que compra silencios y condiciona el funcionamiento de las instituciones. Cuando logra hacerlo con impunidad, la ley pierde fuerza efectiva y los mecanismos para aplicarla pierden legitimidad.
Por eso no bastan comunicados ni declaraciones generales. La lucha contra el narcotráfico se mide por hechos verificables. Investigaciones exhaustivas, identificación de responsables en todos los niveles y sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos son las únicas señales capaces de restaurar la confianza pública. Todo lo demás es administración del deterioro.
Estas son pruebas de fuego porque obligan a elegir. O se avanza hasta las últimas consecuencias, sin excepciones ni protegidos, o se consolida la convicción de que existen poderes que siguen por encima de la ley. No hay términos intermedios posibles.
La sociedad no exige milagros. Exige claridad y resultados verificables. En un contexto donde el narcotráfico busca ocupar espacios de decisión y condicionar al Estado, la tibieza no es prudencia. Es renuncia.
El desenlace de estos casos no marcará sólo el destino judicial de los involucrados, marcará si el Estado conserva el control o si el poder real continúa en manos de estructuras que se saben impunes.
