Un mes después de que una operación militar de Estados Unidos condujera a la captura en Caracas de su exjefe y mentor político, Nicolás Maduro, la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes con la máxima representante diplomática de Estados Unidos en el país para revisar el plan de Washington destinado a estabilizar a la nación sumida en crisis y encaminarla hacia una transición democrática. Rodríguez recibió a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, en el palacio presidencial de Miraflores para discutir una hoja de ruta de tres fases presentada por la administración del presidente Donald Trump, que contempla la estabilización, la recuperación económica y una eventual transición al gobierno democrático.
“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio ha planteado para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, señaló Dogu en un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas en la red social X. El encuentro se produjo en medio de una drástica reconfiguración del poder en Venezuela tras la captura, el 3 de enero, de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y zonas cercanas. La abrupta salida de Maduro dejó un vacío que fue rápidamente ocupado por Rodríguez, quien asumió la presidencia interina en un momento de profunda incertidumbre política e institucional.
Aunque Rodríguez ha mantenido intacta gran parte del aparato estatal chavista —incluidos altos funcionarios civiles, militares y judiciales— su gobierno ha operado desde el inicio bajo una estrecha supervisión de Estados Unidos. La administración interina está sujeta a una hoja de ruta internacional que exige avances medibles en reformas democráticas, la liberación de presos políticos y la reestructuración de sectores clave de la economía. Horas después de la reunión, el gobierno venezolano anunció el nombramiento del excanciller Félix Plasencia como su representante diplomático ante Estados Unidos, restableciendo formalmente los canales diplomáticos tras una ruptura de siete años. El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, dijo que Plasencia viajará a Estados Unidos “en los próximos días” para asumir el cargo. El canciller Yván Gil afirmó que el nombramiento recíproco de diplomáticos marca el inicio de una “revisión exhaustiva” de la cooperación bilateral. “Estamos construyendo una agenda productiva, una agenda de paz y respeto”, dijo Gil en declaraciones transmitidas por la televisión estatal, al describir el esfuerzo por recomponer las relaciones con Washington. Dogu llegó a Caracas durante el fin de semana para reabrir la misión diplomática estadounidense, cerrada desde 2019 después de que la administración Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde entonces, la política de Estados Unidos hacia Venezuela había sido gestionada desde una oficina externa en la Embajada estadounidense en Bogotá. La reapertura ocurre casi un mes después de la captura de Maduro.
Uno de los aspectos más controvertidos de la transición ha sido la liberación de presos políticos. Desde que el proceso fue anunciado el 8 de enero, los avances han sido lentos y opacos. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, 344 detenidos han sido excarcelados, aunque ninguno ha recibido libertad plena. La mayoría permanece sujeta a restricciones de viaje, supervisión judicial u otras condiciones que los mantienen bajo control del Estado. El gobierno interino también ha presentado un proyecto de Ley de Amnistía General que abarca actos de violencia política cometidos desde 1999, pero excluye delitos graves como homicidio, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. La iniciativa, impulsada por Washington y acogida con cautela por sectores de la oposición, ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos. Foro Penal ha advertido que la ley podría facilitar la impunidad de funcionarios que ordenaron o ejecutaron la represión estatal. Los anuncios oficiales sobre el cierre de centros de detención emblemáticos como El Helicoide y La Tumba han sido presentados como rupturas simbólicas con el pasado. Sin embargo, críticos señalan que el sistema judicial permanece en gran medida intacto, incluidos jueces designados durante el gobierno de Maduro.
En el plano económico, el gobierno de Rodríguez se ha movido con rapidez para desmontar pilares del modelo petrolero estatal. Una nueva ley de hidrocarburos aprobada el 30 de enero revierte reformas impuestas por el expresidente Hugo Chávez y permite a empresas privadas —incluidas firmas estadounidenses— acceso directo a campos petroleros y la venta de crudo sin pasar por la estatal PDVSA. El Departamento de Energía de Estados Unidos supervisa ahora la gestión de los ingresos petroleros de Venezuela, con fondos destinados a programas sociales bajo protocolos definidos por Washington. Trump ha anunciado la transferencia inmediata de entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo venezolano previamente sancionado a Estados Unidos, cuyos ingresos serán depositados en cuentas vinculadas a asistencia humanitaria. Pese a las expectativas de un repunte económico, los riesgos siguen siendo elevados. Grupos armados, incluidos la red criminal Tren de Aragua y colectivos progubernamentales, aún controlan amplias zonas del territorio, lo que desafía la autoridad del gobierno interino y complica los esfuerzos por restablecer la seguridad pública. La crisis social también persiste, con salarios mínimos que no cubren el costo de vida y servicios públicos que muestran escasa mejoría.
Entretanto, la líder opositora María Corina Machado dijo el lunes que está dispuesta a reunirse con Rodríguez para discutir un cronograma de transición democrática, un proceso que calificó de irreversible. Machado afirmó que cualquier diálogo debe comenzar con el reconocimiento de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición sostiene fueron ganadas por su candidato, Edmundo González Urrutia, pese a que el gobierno declaró vencedor a Maduro. “Estas personas creían que eran intocables”, dijo Machado durante una rueda de prensa virtual con medios colombianos. “Todo lo que sostenía al régimen de Maduro era la represión”.
