A 90 días de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz, el balance es inevitable. Tres meses es un tiempo justo para distinguir entre lo urgente —lo que no podía esperar— y lo importante —lo que define si el país cambia de rumbo o solo gana tiempo.
Hay que decirlo sin rodeos: en estos primeros meses el Gobierno se ocupó, sobre todo, de lo urgente: frenar el drenaje obsceno de recursos provocado por la subvención a los carburantes. Ese agujero fiscal era insostenible y su contención ha sido, hasta ahora, la medida más relevante. No hacerlo habría significado seguir quemando dinero público a un ritmo suicida.
También era urgente recuperar liquidez. El país quedó sin oxígeno financiero tras años de despilfarro, mala gestión y ocultamiento de cifras. La búsqueda de crédito y financiamiento externo no fue una opción ideológica, fue una necesidad básica para que el Estado siga funcionando.
Otro aspecto urgente fue el cambio de imagen. Bolivia pasó dos décadas encerrada en un discurso ideológico, antioccidental, antisistema, que nos aisló del mundo. Mostrar que hay otro país, otro tono y otro rumbo era imprescindible. Restablecer relaciones maduras, duraderas y pragmáticas con países que pueden ayudarnos —no desde la sumisión, sino desde el interés mutuo— también formaba parte de lo urgente.
Asimismo, era urgente iniciar procesos judiciales contra quienes protagonizaron el saqueo de los últimos 20 años. No por revancha, sino por justicia y por prevención. Luis Arce, exministros y exautoridades no pueden simplemente irse a su casa o salir del país. El mensaje debe ser claro: aquí no se roba impunemente.
Ahora lo importante —que ya empieza a volverse urgente— es desmontar el aparato que va a seguir boicoteando cualquier intento de cambio. El escándalo de la gasolina no fue un hecho aislado: reveló redes, intereses enquistados y una estructura que amenaza con convertirse en un conflicto permanente si no se pone orden de manera firme.
Lo importante son las reformas legales de fondo. Seguimos atrapados en un andamiaje normativo diseñado para espantar inversión: una Constitución, leyes laborales, económicas y productivas abiertamente anticapitalistas, antiempresa y antiinversión. Ningún maquillaje sirve si el motor está diseñado para no arrancar. Sin cambiar las reglas del juego, no vendrá ninguna inversión seria.
En el agro, la situación es igual de clara. Lo ocurrido en el INRA y los avasallamientos no pueden repetirse jamás. La propiedad privada debe ser garantizada sin ambigüedades. La función económica y social, tal como está concebida hoy, es una invitación al avasallamiento y al tráfico de tierras. Sin seguridad jurídica, no hay producción ni futuro.
La educación tampoco puede seguir regida por la Ley Avelino Siñani, pensada para el adoctrinamiento y no para la formación crítica y competitiva. Seguir con ese modelo es condenar a otra generación al atraso.
Hay temas que el Gobierno aún no ha tocado con la firmeza necesaria: el narcotráfico, que sigue infiltrando al Estado; la reforma profunda de la justicia, contaminada por operadores políticos y vínculos criminales; y, finalmente, darle un destino jurídico definitivo a Evo Morales. Mientras ese capítulo siga abierto, Bolivia no cerrará su ciclo de impunidad.
