Hablemos claro, pero hablemos en el idioma que —dicen— le explicaron a JP Velasco en su última visita a La Paz, cuando fue a defender lo indefendible. Ese idioma cómodo, victimista y siempre útil que intenta convencerte de que ellos no hicieron nada mal, que todo fue un problema político cuidadosamente montado.
Porque, según esta versión de fantasía, el problema no es la ley. El problema es el gobierno. Es Camacho, el TSE, los magistrados del TCP, los del TSJ, Rubén Costas, Branko, la loca María,
Maite Flores, los duendes. Y, por supuesto, todos los que no los quieren.
Un abanico tan amplio de culpables que solo faltó culpar al clima, al horóscopo y al Mercurio retrógrado.
La excusa es tan barata como conocida: “Esto no es un error legal, es persecución política”.
Una narrativa gastada que sirve para encubrir la misma mierda de la vieja práctica política, esa que se indigna cuando la ley se aplica, pero se ofende aún más cuando ya no puede torcerla. Porque aquí no hubo trampa ajena. Hubo incumplimiento propio. No hubo conspiración. Hubo desprecio por las normas vigentes.
Y cuando el derecho electoral no se acomoda al capricho, entonces aparecen los culpables imaginarios, los enemigos eternos y el llanto ensayado. Todo, con tal de no decir la verdad más simple y más dolorosa de todas: no respetaron las reglas… y ahora quieren que la culpa sea de todos, menos de ellos.
La ley no improvisa, los políticos sí… La Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas, vigente desde septiembre de 2018, no es una novedad, no es una sorpresa y mucho menos una emboscada jurídica. Es una norma clara que establece cómo funcionan los partidos políticos en Bolivia y, sobre todo, cómo se pierde la personería jurídica.
Su Artículo 58 es brutalmente explícito: todo partido que no alcance al menos el 3% de los votos válidos en la última elección en la que participó pierde su personería jurídica. Punto.
En las elecciones generales de agosto de 2025, varias siglas quedaron por debajo de ese umbral. Entre ellas, ADN y UCS. ¿Resultado? Cancelación automática y obligatoria de su personería. No por capricho. No por revancha. Por mandato de ley.
No fue una sorpresa. No fue un error. No fue mala suerte. Fue aritmética electoral básica.
Y aun así, las dirigencias de esos partidos —con calendario electoral en mano y ley bajo el brazo— insistieron en vender la idea de que estaban “habilitados”. Como quien ofrece un vehículo sin motor, sin papeles y con los impuestos vencidos … pero con el discurso de que “todavía camina”.
El negocio del humo. El objetivo era claro: jugar con la expectativa ajena. Hacer creer a varios políticos —ambiciosos, apurados o simplemente mal asesorados— que estaban negociando una sigla “vehículo”, supuestamente apta para competir y garantizar representación en alcaldías y gobernaciones a nivel nacional.
El resultado fue previsible. Más de uno compró el cuento, firmó acuerdos, sonrieron para la foto y celebraron alianzas. Todo sin haber leído la letra grande de la ley.
Y aquí viene lo verdaderamente vergonzoso del asunto: ver a políticos conocidos, curtidos, que se autodenominan estrategas, pasar por alto un detalle elemental del derecho electoral y terminar como brutos políticos, cayendo de cabeza en una trampa anunciada desde el mismo día del cómputo oficial.
No fue una emboscada sofisticada. Fue una burla a calzón quitado. Unos vendieron humo sabiendo que no tenían fósforos. Otros compraron humo creyendo que con eso se podía hacer campaña.
La ley no los engañó. El calendario no los traicionó. Simplemente no estudiaron. Y en política, la ignorancia no da derechos: da vergüenza.
El caso pendiente y el caso emblemático es el del MNR, hay que ser serios. Ellos alegan haber solicitado licencia y que esta habría sido concedida por el Órgano Electoral. Mientras ese punto no se aclare formalmente, corresponde la prudencia. No todo vale lo mismo ni se puede meter todo en la misma bolsa.
Pero el caso que hoy hace más ruido —y que puede marcar el ocaso de un viejo líder político junto a su tropa de asesores— es otro. Es el de quienes creen que la ley se puede torcer en el camino con presión política, victimización y relato épico, con tal de llegar al objetivo de tener poder regional cueste lo que cueste, aunque la credibilidad quede hecha trizas.
Y ahí aparece el concepto mágico que repiten como mantra: preclusión. Así es, PRECLUSIÓN cuando el derecho no llega tarde… pero el partido sí.
En Bolivia hemos aprendido a desconfiar de todo. Y con razón. Por eso, cuando un partido grita “¡nos están excluyendo!”, muchos sienten que algo huele mal. Pero no siempre el problema es el sistema. A veces, el problema es llegar tarde y querer que el reloj retroceda.
Eso es exactamente lo que ocurre aquí. La preclusión, en derecho electoral, no es una trampa, ni un castigo, ni una maniobra política. Es una regla básica del juego democrático: Cada etapa del proceso electoral se cierra cuando vence su plazo.
Lo que no se hizo a tiempo, ya no se puede hacer después. Simple, claro e implacable. La preclusión existe para evitar el caos, para que todos compitan con las mismas reglas y para que el proceso electoral no se convierta en una improvisación permanente. Sin preclusión no hay elecciones: hay desorden.
