El senador Branko Marinkovic y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Stello Cochamanidis propusieron que la aplicación de la Ley 1720 sea definida por cada departamento en aplicación de las autonomías regionales, en un contexto en el que los diputados están tratando una ley que deroga la norma.
Marinkovic presentará un proyecto de ley modificatorio para que las comisiones agrícolas departamentales determinen si la normativa se aplica o no en sus regiones, según sus características productivas y territoriales. "Quiero proponer al país una solución sana: ejercer las autonomías. Que la Ley 1720 se remita a las comisiones agrícolas departamentales y que cada departamento decida si la aplica o no", declaró el senador.
El legislador argumentó que la iniciativa solo requiere una modificación específica mediante una "ley breve" que incorpore un artículo para transferir esa decisión a las regiones. "Cada departamento conoce mejor su realidad y sus necesidades", afirmó.
La propuesta surge en el marco del debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de derogación de la Ley 1720, promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz. Esta ley permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrícolas en propiedades medianas mediante un procedimiento administrativo ante el INRA, con el fin de facilitar el acceso a créditos y financiamiento.
Sin embargo, organizaciones indígenas y campesinas rechazan la norma, considerando que pone en riesgo la propiedad comunal y viola principios como la indivisibilidad e inalienabilidad de los bienes menores. Las protestas incluyeron marchas hacia La Paz y bloqueos de las vías de acceso a la sede del gobierno.
Marinkovic defendió la validez de la norma y rechazó su eliminación. "En un país en crisis, no podemos cerrar las puertas a los pequeños productores que necesitan crédito, tecnología y oportunidades para salir adelante", afirmó.
Desde Santa Cruz, los sectores cívico y productivo respaldaron la propuesta autónoma y cuestionaron la intención de anular la ley. Cochamanidis afirmó, según la página "Encontrados", que la decisión debería recaer en las regiones y no en el gobierno central. "Derogar esta ley es retroceder 20 años. Es actuar igual que el MAS, queriendo someter al productor a la voluntad del gobierno central", declaró el dirigente cívico.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz aseguró en otros medios que la Ley 1720 beneficia a los pequeños productores al permitirles expandir sus actividades y acceder al sistema financiero formal. Además, criticó el centralismo y abogó por políticas orientadas al crecimiento productivo y al acceso a la biotecnología.
