El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció que se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un nuevo proyecto de ley para regular los estados de excepción, tras la abrogación de la norma que estaba vigente desde la gestión 2020.
Políticos y autoridades mencionaron que la anterior norma ponía muchas trabas al Órgano Ejecutivo para dictar los estados de excepción en situaciones de graves conflictos. Desde diversos sectores políticos y productivos han pedido a Rodrigo Paz que aplique esta medida para restablecer el orden y la libre circulación, luego de 34 días de conflicto.
“Este reglamento de estados de excepción es para fortalecer a las instituciones. El mensaje es claro acción humanitaria. Hoy día La Paz está sufriendo y sus organizaciones vivas están pidiendo acabar con estos bloqueos”, dijo Paz sobre el sentido del proyecto de ley.
El mandatario enfatizó que el sentido del proyecto de ley es humanitario no de represión. “No venimos del concepto de la violencia que otros defienden y son violentos, venimos de la cultura real, democrática, constitucional del diálogo. No alzamos la mano para pegar a nuestros hijos o golpear a otro boliviano, mas bien extendemos la mano para generar consensos”, puntualizó.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, espera que el parlamento apruebe la ley en los próximos días ante la urgencia de la situación. Una vez se ponga en vigencia la norma se empezarán operativos para activar corredores humanitarios. En esta acción espera la participación de instituciones como Cruz Roja, Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
“El objetivo principal no es ir a reprimir, a matar gente. El objetivo principal es devolver los derechos a la circulación, a la salud de toda la gente”, agregó Paredes al mencionar que seis personas han fallecido al no poder recibir atención médica debido a los bloqueos.
Enfatizó que en gobierno de épocas pasados el sentido de los estados de excepción era el de represión, pero ahora su fin es humanitario. Añadió que ya se tiene definida la estrategia para garantizar la libre circulación, pero no puede hacerla pública.
