El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Cuba, que incluye a cinco entidades estatales y a una persona vinculada a la estructura familiar del exdirigente Raúl Castro, en el marco de la política de presión sostenida de Washington sobre la isla.
Las medidas fueron comunicadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que las sanciones responden al papel de determinadas instituciones cubanas dentro del sistema económico del país y a su relación con actividades consideradas sensibles por la administración estadounidense.
Entre las entidades incluidas figuran tres vinculadas al conglomerado empresarial Gaesa, el Grupo de Administración Empresarial SA, una estructura controlada por las fuerzas armadas cubanas y que concentra una parte significativa de la actividad económica estatal.
El gobierno estadounidense sostiene que este conglomerado cumple funciones centrales en la gestión de recursos financieros y en sectores estratégicos de la economía de la isla, incluyendo operaciones bancarias, logísticas y de comercio exterior.
Las entidades señaladas dentro del grupo Gaesa son Rafin, el Banco Financiero Internacional (BFI) y Almacenes Universales, todas ellas involucradas en actividades financieras, portuarias y de distribución, según la información oficial del Departamento de Estado.
Además, las sanciones alcanzan a dos empresas estatales vinculadas a la generación de ingresos mediante la explotación de recursos minerales y siderúrgicos, entre ellas la empresa José Martí y la compañía GeomInera, ambas del sector industrial y minero cubano.
Junto a las entidades económicas, Washington incluyó en la lista de sanciones a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia cubanos.
El Departamento de Estado argumentó que las entidades y personas sancionadas están relacionadas con estructuras que facilitan la obtención y administración de recursos del Estado cubano, en el marco de un sistema económico altamente centralizado.
Las nuevas medidas se producen pocos días después del anuncio del gobierno cubano de un paquete de 176 reformas económicas, considerado por autoridades de la isla como el más amplio en varias décadas.
Estas reformas incluyen la introducción de mecanismos de mercado, la autorización de bancos privados, la posibilidad de devaluaciones progresivas de la moneda nacional y la apertura de empresas estatales a capital privado, entre otros cambios estructurales.
El anuncio de estas reformas ha sido interpretado en distintos ámbitos internacionales como un intento del gobierno cubano de responder a las dificultades económicas internas y a la presión ejercida por las medidas restrictivas de Estados Unidos.
En ese contexto, Washington ha mantenido en los últimos meses una política de endurecimiento de sanciones que afecta a sectores energéticos, financieros y comerciales vinculados a la isla, así como a empresas extranjeras que operan con entidades cubanas.
Las autoridades estadounidenses han advertido además a instituciones financieras internacionales sobre posibles sanciones si mantienen relaciones comerciales con las entidades ahora incluidas en la lista restrictiva.
