La esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros en Venezuela se desvanece al cumplirse la ventana crítica de 72 horas tras el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Mientras las labores de rescate continúan, el balance oficial asciende a 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, en medio de fuertes cuestionamientos por la respuesta del Gobierno.
La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, concentra la mayor devastación. Edificios enteros colapsaron y barrios completos quedaron reducidos a escombros luego de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, considerados entre los más intensos registrados en América Latina y el más fuerte en Venezuela desde 1900.
Especialistas advierten que, una vez transcurridas las primeras 72 horas, las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente y las tareas pasan a centrarse en la recuperación de cuerpos. Pese a ello, cientos de voluntarios permanecen trabajando entre los restos de las edificaciones con la esperanza de hallar personas con vida.
"Todos dicen que ya no hay nadie, pero nosotros seguimos esperando aquí. A ver si se puede sacar a alguien más", afirmó Eduardo Cardozo, uno de los voluntarios que participa en las labores de rescate en la localidad costera de Tucacas.
Luis Salas, otro rescatista voluntario de 27 años, relató que los momentos más duros fueron ingresar a túneles abiertos entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes y descubrir que las personas atrapadas ya habían fallecido.
En medio del panorama desolador, una de las pocas noticias alentadoras ocurrió el domingo, cuando un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados con vida en La Guaira, alimentando brevemente la esperanza de familiares y equipos de emergencia.
Las operaciones de rescate cuentan con la participación de especialistas provenientes de 24 países, además del apoyo de aeronaves y helicópteros estadounidenses que transportan personal y suministros. Sin embargo, numerosos habitantes denuncian que la asistencia oficial ha sido insuficiente y que gran parte de las tareas ha recaído sobre voluntarios y vecinos.
La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas, aunque el Gobierno venezolano evita informar una cifra oficial. Miles de familias continúan esperando noticias de sus seres queridos mientras intentan recuperar los cuerpos de quienes quedaron sepultados bajo los edificios derrumbados.
Las autoridades informaron que 189 edificios sufrieron colapso total y que al menos 774 inmuebles resultaron afectados por los terremotos. La ONU calcula que la tragedia podría dejar cerca de siete millones de damnificados y provocar pérdidas materiales cercanas a los 6.700 millones de dólares.
La respuesta gubernamental también ha sido cuestionada por la militarización de La Guaira y la exigencia de un salvoconducto para permitir el ingreso de rescatistas, médicos y voluntarios a las zonas más afectadas, una medida que diversos equipos consideran un obstáculo para acelerar las operaciones de emergencia.
A las dificultades propias del desastre se suman denuncias de saqueos, robos e intentos de controlar la cobertura de la prensa internacional. Residentes reportan ataques a farmacias, supermercados y comercios, mientras periodistas denuncian restricciones para desplazarse libremente por las áreas devastadas.
Entretanto, la ayuda humanitaria internacional continúa llegando a Venezuela a través del aeropuerto internacional que sirve a Caracas y del puerto de La Guaira, con vuelos de carga procedentes de Estados Unidos y apoyo logístico del Comando Sur. La emergencia ocurre en un contexto de profunda crisis económica que ha debilitado el sistema hospitalario y los servicios públicos, complicando aún más la atención a los miles de damnificados.
