El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, inició una nueva etapa en su política de confiscaciones al comenzar a vender, alquilar o entregar a simpatizantes las propiedades que fueron arrebatadas a opositores, periodistas, académicos y ciudadanos desterrados, según denuncias de víctimas e informes de organismos internacionales.
La nueva modalidad representa un cambio respecto a los primeros años de las confiscaciones, cuando la mayoría de los inmuebles pasaban a manos de instituciones estatales. Ahora, varias de esas propiedades están siendo comercializadas en el mercado inmobiliario o convertidas en negocios privados administrados por personas vinculadas al oficialismo.
Uno de los casos más recientes es el del fotoperiodista Oswaldo Rivas, quien descubrió que su vivienda, confiscada tras abandonar Nicaragua por persecución política, fue puesta a la venta por 255.000 dólares en un portal inmobiliario. El anuncio incluso utilizaba las mismas fotografías que el periodista había publicado cuando intentó vender la propiedad antes de exiliarse.
Rivas denunció que, después de que su casa fuera allanada por las autoridades, el inmueble terminó inscrito a nombre de un tercero desconocido para él. Sus abogados le recomendaron no iniciar acciones legales por temor a sufrir represalias y perder sus licencias profesionales.
Otro caso corresponde al politólogo Óscar René Vargas, cuya residencia en Managua fue transformada en un restaurante de comida tradicional. El académico, actualmente exiliado en Costa Rica, afirmó que desconoce si la propiedad fue vendida o alquilada, pero confirmó que dejó de pertenecerle tras abandonar el país en 2023.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas calificó las confiscaciones como una política deliberada de Estado. El organismo sostiene que desde 2018, y con mayor intensidad desde 2023, el régimen ha confiscado viviendas, empresas, terrenos, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes mediante procesos arbitrarios o sin respaldo legal.
Según el informe, estas acciones forman parte de una estrategia destinada a eliminar cualquier forma de oposición política y consolidar el control del régimen sobre quienes abandonaron el país o fueron despojados de su nacionalidad.
Investigaciones periodísticas también revelan que algunas de las propiedades confiscadas fueron entregadas a personas cercanas al oficialismo. Entre ellas figuran inmuebles pertenecientes al exmagistrado Rafael Solís y a su familia, que actualmente serían ocupados por allegados al Gobierno y utilizados para actividades comerciales.
Durante los últimos años, numerosos edificios confiscados pasaron inicialmente a manos de organismos públicos. Entre ellos se encuentran las antiguas sedes de medios de comunicación independientes, convertidas en oficinas estatales, así como complejos residenciales que posteriormente fueron ofrecidos en plataformas de alquiler turístico.
No obstante, la estrategia cambió en los últimos meses. Diversos afectados denuncian que las propiedades ahora son vendidas en el mercado, cedidas a simpatizantes o utilizadas para instalar restaurantes, hoteles, museos y otros emprendimientos privados o administrados por gobiernos municipales.
Entre los casos recientes también figura la vivienda de la dermatóloga Anely Pérez Molina, desterrada en 2023, cuya residencia, valorada en 750.000 dólares, fue ocupada este año por personas vinculadas al oficialismo. La propiedad aún conservaba muebles, vehículos y pertenencias familiares cuando fue tomada.
De acuerdo con organizaciones independientes, al menos 135 propiedades pertenecientes a opositores, organizaciones civiles y medios de comunicación habían sido confiscadas hasta 2024, con un valor estimado de 250 millones de dólares. Ante la continuidad de las expropiaciones, la Asociación de Confiscados Nicaragüenses "19 de Abril" advirtió que cualquier persona que adquiera estos bienes podría perder su inversión al tratarse, según sostiene la organización, de propiedades obtenidas de manera ilegal.
