El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva ronda de sanciones contra el Ministerio de Turismo de Cuba, empresas estatales y organizaciones vinculadas al aparato de seguridad del régimen, con el objetivo de reducir las fuentes de financiamiento del Estado cubano y aumentar la presión sobre las instituciones que sostienen al Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
El Departamento de Estado informó que las medidas están dirigidas contra los "pilares interconectados" del aparato estatal cubano, incluyendo entidades que generan ingresos para el régimen y organizaciones acusadas de reprimir a la oposición y vigilar a la población.
Entre los nuevos sancionados figuran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), organizaciones que Washington identifica como parte del sistema de control político y represión de los disidentes.
Las sanciones también alcanzan a varias empresas estatales dedicadas al comercio, la logística y la importación de combustibles, además del Ministerio de Turismo, uno de los sectores que aporta la mayor cantidad de divisas a la economía cubana.
Según la administración del presidente Donald Trump, varias de las entidades sancionadas mantienen vínculos con el conglomerado empresarial GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y considerado el grupo económico más importante de la isla.
Washington recordó que GAESA ya había sido objeto de sanciones en mayo y aseguró que, tras esas medidas, el conglomerado inició un proceso de reorganización y transferencia de activos para reducir el impacto de las restricciones.
El Departamento del Tesoro concedió un período de transición hasta el 12 de agosto para que empresas extranjeras concluyan operaciones comerciales con las compañías GECOMEX y GEMAR, recientemente incorporadas a la lista de entidades sancionadas.
Las autoridades estadounidenses indicaron que aquellas empresas que no logren finalizar sus transacciones antes del plazo establecido deberán comunicarse con la oficina responsable de supervisar el cumplimiento del régimen de sanciones.
La nueva ofensiva económica forma parte de la política de máxima presión que Washington mantiene sobre La Habana desde enero, la cual también incluye restricciones relacionadas con el suministro energético hacia la isla.
Las medidas coinciden con el agravamiento de la crisis económica cubana, marcada por problemas de abastecimiento, escasez de combustibles y dificultades para generar ingresos en divisas, especialmente a través del turismo.
El anuncio fue realizado dos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir mayores libertades, mejores condiciones de vida y cambios políticos.
Con motivo de esa conmemoración, el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó que Estados Unidos mantendrá la presión sobre el régimen cubano, pidió la liberación inmediata de los presos políticos y aseguró que Washington está dispuesto a abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales si La Habana impulsa reformas políticas y económicas profundas.
