La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación política de Nicaragua y posibles medidas frente al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en medio de cuestionamientos por una reforma constitucional que modificaría las condiciones de participación electoral de la oposición.
La decisión fue adoptada por el Consejo Permanente de la OEA con 29 votos a favor, uno en contra, correspondiente a Brasil, y la abstención de México. La fecha de la reunión todavía no fue establecida, aunque el encuentro podría realizarse antes de que el Congreso nicaragüense debata la reforma constitucional prevista para septiembre.
La iniciativa fue promovida por Estados Unidos, que pidió a los países miembros adoptar medidas concretas frente al deterioro institucional de Nicaragua. Washington sostiene que las reiteradas declaraciones de condena de la OEA no han producido cambios en la conducta del Gobierno de Managua.
La propuesta se produce después de que el 5 de agosto no se alcanzaran los votos necesarios para convocar a los cancilleres. El cambio de posición de varios países permitió que la iniciativa estadounidense obtuviera posteriormente el respaldo requerido.
La reforma constitucional impulsada por el oficialismo nicaragüense contempla cambios en el sistema político y electoral y establece un periodo presidencial de siete años renovable. La oposición sostiene que las modificaciones están dirigidas a limitar su participación y facilitar la continuidad del poder en manos de la familia Ortega-Murillo.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un fuerte control sobre las instituciones nicaragüenses desde el regreso del exguerrillero a la Presidencia en 2007. La situación se agravó después de las protestas de 2018, cuya represión dejó alrededor de 350 muertos, según estimaciones de Naciones Unidas, además de provocar un éxodo de cientos de miles de nicaragüenses.
En 2021, las autoridades encarcelaron a varios dirigentes opositores que aspiraban a competir en las elecciones presidenciales. Posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su ciudadanía, una medida que también afectó a activistas, periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos y religiosos.
La OEA ha debatido en numerosas ocasiones la situación de Nicaragua, pero sus pronunciamientos anteriores terminaron principalmente en declaraciones de condena. La reunión de cancilleres podría abrir ahora la discusión sobre medidas diplomáticas, reducción de relaciones o mecanismos de presión económica.
Nicaragua dejó de formar parte de la OEA en noviembre de 2023, por decisión del Gobierno de Ortega y Murillo. Por ese motivo, una eventual expulsión del organismo no sería aplicable, aunque los países miembros todavía podrían analizar medidas de presión desde el ámbito diplomático y económico.
La oposición nicaragüense en el exilio celebró la decisión. Juan Sebastián Chamorro, exprecandidato presidencial y ex preso político, calificó la convocatoria como un respaldo importante a los sectores que reclaman una apertura democrática en Nicaragua.
Brasil, que votó en contra de la iniciativa, expresó preocupación por la posibilidad de que eventuales sanciones terminen afectando a la población. Su embajador ante la OEA, Benoni Belli, sostuvo que las medidas internacionales deben evitar consecuencias perjudiciales para los ciudadanos nicaragüenses.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y el país centroamericano también mantiene acceso a créditos de organismos financieros internacionales. Por ello, sectores opositores han pedido que la comunidad internacional considere medidas económicas además de las acciones diplomáticas.
En paralelo, una docena de organizaciones opositoras acordó un plan de transición política que incluye la liberación de opositores detenidos y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares. La discusión en la OEA se desarrollará mientras Managua avanza hacia la reforma constitucional, en un escenario que podría profundizar el aislamiento internacional del Gobierno de Ortega y Murillo.
