El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operativos para identificar y deportar a extranjeros que cometan delitos y a migrantes que se encuentren en situación irregular en el país.
La medida comenzará en Barranquilla, donde Migración Colombia deberá coordinar acciones con la Policía para localizar inicialmente a extranjeros involucrados en delitos y posteriormente a quienes no hayan regularizado su situación migratoria.
“En el término de la distancia tendrán que ser deportados. ¡Deportados!”, afirmó De la Espriella durante un consejo de seguridad, al ordenar que la medida comience a ejecutarse de inmediato.
El mandatario sostuvo que la nacionalidad de los extranjeros no será tomada en cuenta para aplicar la disposición y afirmó que ningún inmigrante en situación irregular que cometa delitos será tolerado por su Gobierno.
“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, declaró el presidente.
De la Espriella asumió personalmente la decisión y la presentó como una definición política y administrativa de su Gobierno, que asumió el poder el pasado 7 de agosto.
La orden constituye una de las primeras señales de la política migratoria del nuevo Gobierno y representa un endurecimiento frente al tratamiento que Colombia mantuvo durante los últimos años ante la llegada masiva de migrantes venezolanos.
Según Migración Colombia, hasta enero de 2026 permanecían en el país 2.841.048 ciudadanos venezolanos. El 82% se encontraba en situación regular, mientras que alrededor de medio millón permanecía sin regularizar.
La política migratoria colombiana había tenido como uno de sus principales instrumentos el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Hasta julio de 2026 se habían entregado más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal.
El nuevo Gobierno, sin embargo, incorporó explícitamente a los migrantes irregulares entre los objetivos de sus operativos, incluso cuando no estén vinculados con delitos, lo que amplía el alcance de la estrategia anunciada en Barranquilla.
Las medidas migratorias forman parte de una estrategia de seguridad más amplia. Durante el mismo consejo, De la Espriella ordenó activar un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y trasladar presos para evitar que las cárceles sean utilizadas como centros de operaciones criminales.
El presidente también anunció una línea más dura contra los grupos armados ilegales y planteó que todas estas organizaciones sean consideradas terroristas, sin diferencias según su denominación. “Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, afirmó.
