El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Así lo adelantó anoche El Español, en un documento enviado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, pero del que ni el propio Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el Gobierno tenían constancia. Todo ello después de que el líder de Ejecutivo, Pedro Sánchez, desvinculara a Marruecos de lo ocurrido a finales de julio.
En el documento de 55 páginas al que han tenido acceso Infobae, y que analiza imágenes y mensajes de redes sociales, la Policía concluye que los agentes guiaron a centenares de personas “a través del agua” pretendiendo “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”. “Los efectivos policiales no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”, escriben.
El informe va más allá y califica la respuesta policial marroquí durante los días 30 y 31 de julio de “total permisividad”, al no apreciar “ninguna tentativa seria” de reducir, dispersar o alejar a la multitud del perímetro fronterizo durante la primera jornada. De hecho, según se muestran en las imágenes analizadas por los investigadores, hubo agentes de las Fuerzas de Seguridad marroquí no uniformados que hacían de gestores “monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros, a la masa de personas”.
El informe considera que la elección de Ceuta, el punto concreto de acceso y las fechas y franjas horarias en las que fueron activándose los distintos perfiles de personas que cruzaron la frontera revelan una “concurrencia concertada” incompatible con un fenómeno espontáneo. El documento rechaza expresamente que se tratara de “algo incidental” generado por un factor “ocasional o espontáneo” y enmarca lo ocurrido en un proceso dividido en tres fases —“antes, durante y después”— que reproduce y perfecciona elementos observados en las entradas registradas en Ceuta en 2021 y 2024.
De esta forma, apuntan que la finalidad migratoria “opera solo como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”, pero cuya mayoría no busca permanecer en España. De los que acceden ilegalmente, apunta el informe, solo el 10% permanece en nuestro país.
El papel de las redes sociales
El documento apunta a una “evidente concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación" asociada a la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que habla de una “planificación previa y refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional que actúan conforme a procedimientos perfectamente definidos a través de las distintas fases de ejecución del proceso”, escribe la Policía.
Ya desde el pasado julio, el Gobierno de Sánchez aludió a una interpretación errónea de la sentencia. En este caso, se aludió a que se facilitaba tanto el acceso al proceso de asilo como la entrada en territorio continental europeo, simplificando el mensaje: “Si entras nadando, no pueden devolverte”, se viralizó. “España está cerca de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes. El último plazo es el 30 de julio de 2026″, se puede leer en el documento una imagen difundida con la bandera de España y una imagen del presidente del Gobierno.
