
Estados Unidos endureció este miércoles 30 de septiembre las restricciones contra Cuba con nuevas limitaciones a los viajes educativos y a las operaciones financieras vinculadas con la isla, en un nuevo episodio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.
Entre las principales medidas figura la eliminación de la autorización para los viajes educativos grupales conocidos como “pueblo a pueblo”, que permitían a ciudadanos estadounidenses visitar Cuba en programas de intercambio. Desde ahora, esos viajes deberán contar con el auspicio de una organización autorizada por la legislación estadounidense.
Los estudiantes que participen en esos programas deberán estar acompañados por representantes de la institución correspondiente. Sin embargo, quienes hubieran realizado antes de este miércoles alguna transacción relacionada con el viaje, como la compra de un pasaje aéreo, podrán mantener la autorización.
Washington también prohibió a ciudadanos estadounidenses asistir u organizar determinadas reuniones y conferencias profesionales en Cuba y amplió las restricciones financieras sobre operaciones vinculadas con entidades cubanas incluidas en las listas de sanciones.
El Departamento de Estado estableció además que ciudadanos estadounidenses no podrán realizar transacciones directas o indirectas con organismos sancionados, entre ellos entidades relacionadas con los aparatos militar y de inteligencia de Cuba. Los bancos estadounidenses tampoco podrán procesar determinadas operaciones cuando los fondos tengan origen y destino fuera de Estados Unidos.
Las nuevas disposiciones llegan en un momento de fuerte presión de la Administración de Donald Trump sobre La Habana. Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estadounidense afirmó que Cuba “está fracasando como nunca antes y caerá”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo el lunes que la isla “ya ha caído”.
Desde comienzos de año, Washington aplica una política de “máxima presión” que incluye restricciones al suministro de petróleo y medidas contra personas y entidades vinculadas al Gobierno cubano o a sectores considerados estratégicos, como energía, finanzas, minería y defensa.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas disposiciones y afirmó que constituyen otra “oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano”. Según el funcionario, las acciones estadounidenses afectan tanto al sector público como al privado y buscan “obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso”.
Rodríguez hizo referencia a un paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobado por el Gobierno cubano en junio. Las medidas pretenden liberalizar y descentralizar parcialmente una economía que atraviesa una profunda crisis y que enfrenta, además, problemas de abastecimiento energético desde mediados de 2024.
La Habana sostiene que las restricciones estadounidenses agravan la crisis energética, mientras Washington mantiene que sus medidas están dirigidas contra el Gobierno cubano y entidades vinculadas con sectores estratégicos. Trump, no obstante, dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la isla y dijo que probablemente no será necesaria una operación militar contra Cuba.
En medio de la disputa, China reafirmó su respaldo a La Habana. El embajador chino en Cuba, Hua Xin, aseguró que Beijing no se quedará “con los brazos cruzados” ante las dificultades de la población cubana y destacó la asistencia energética y alimentaria que su país proporciona a la isla.
China ha participado en proyectos de generación solar. En 2025 entró en funcionamiento un parque fotovoltaico de 35 megavatios y este año está prevista la conclusión de otros 15 parques, con una capacidad conjunta de 85 megavatios. Además, llegó a Cuba material para un proyecto de generación y almacenamiento solar de 200 megavatios y fueron donados sistemas solares domésticos para instalaciones sociales.